¿Cuál fue el fundamento del gobierno sobre el artículo que establece la legítima defensa?

Destacado Otros
Guillermo Maciel

¿Cuál fue el fundamento del gobierno sobre el artículo que establece la legítima defensa en su reciente comparecencia en el Parlamento?

El pasado lunes 4 de mayo concurrieron al Parlamento las autoridades del Ministerio del  Interior encabezadas por Jorge Larrañaga en el marco de la Ley de Urgente Consideración.

Con respecto al artículo único referido a la legítima defensa, el subsecretario Guillermo Maciel manifestó que “antes que nada queremos señalar que el planteo no es nuevo; ya existían en el Parlamento cinco proyectos de ley en el mismo sentido que hoy se consagra en la norma que está a estudio de los señores senadores. Me re-fiero al proyecto de ley sobre legítima defensa del entonces senador Gallinal, del año 2011; al proyecto de reformulación de la legítima defensa del exdiputado José Amy, del año 2012; a la iniciativa presentada por el exsenador Pedro Bordaberry en el 2015; a la presentada por varios legisladores del Partido Nacional –Lacalle Pou, García, Cardoso, Heber, Larrañaga, Saravia, Alonso, Asiaín y Piñeyrúa–, en el año 2016; y al proyecto de ley del exsenador Luis Alberto Heber, del año 2017. De todos esos proyectos se han extraído elementos que hoy integran la nueva redacción propuesta para el artículo 26 del Código Penal relativo a la legítima defensa.”

Creciente alarma

Claramente, agregó Maciel “el aumento de los índices de criminalidad en la sociedad uruguaya, así como el incremento de la violencia empleada por los delincuentes en la comisión de los delitos sobre las personas y sus derechos, tanto en sus domicilios particulares como en establecimientos comerciales, industriales y agropecuarios, ha generado una creciente alarma y preocupación en la población.”

“Hoy la gente y las víctimas de los delitos con legítima razón temen por su integridad física y muy especialmente por su vida, porque ya es frecuente el caso de personas que pierden su vida o reciben lesiones graves en ocasión de la comisión de un delito. En este escenario, la protección del ciudadano no ha estado a la altura de las circunstancias, lo que ha incrementado en forma superlativa el sentimiento de indefensión y alarma social,” añadió.

Para el subsecretario del MI “nos encontramos con el hecho de que cada vez es más frecuente que la propia víctima se vea compelida en forma forzada, sin quererlo, a tener que repeler una agresión ilegítima contra su persona.”

A su entender, “este hecho ha sido valorado muchas veces con criterios diferentes, dispares, incluso contradictorios, en la oportunidad de aceptar la configuración de la legítima defensa como causa de justificación, agregando de esa manera una nueva causal de inseguridad e indefensión existente para el ciudadano, por lo cual entendemos que es necesario profundizar en la definición legal de dicho instituto, a fin de afrontar una realidad que no es la de 1933, cuando Irureta estableció el Código Penal.”

Es por ello que “la norma busca introducir pautas que permitan objetivar la apreciación de la defensa del ataque no habilitado, descartando de plano –porque no es la intención– hablar de gatillo fácil, pero dando preferencia a la protección legal de la víctima frente al agresor o victimario, extendiendo, por lo tanto, la legítima defensa presunta prevista en la normativa.”

Se entiende así, por ejemplo,” a los locales comerciales, industriales y agropecuarios que sufren a diario múltiples despojos, y donde hay lesionados y hasta fallecidos. También es una forma de oír a la población y a su desesperante reclamo. El instituto de legítima defensa merece una actualización de las circunstancias ajustadas a los nuevos tiempos. En términos generales, esta norma apunta a actualizar y a aclarar el concepto y las condiciones previstas en el artículo 26.”

Para Maciel “hay que partir especialmente de la consideración de la víctima, de la situación física y psicológica a la que se la somete cuando se enfrenta a un delincuente que la viene a rapiñar o a lesionar. La víctima es el padre de familia, el trabajador, el comerciante, el ciudadano honesto que está en lo suyo, ajeno al crimen, y que se lo pone en una situación de violencia, con riesgo para su persona o para su familia, que se ve sometido, como víctima del delito, a una extraordinaria situación de miedo, de angustia, de temor, de humillación, ante la amenaza ilegítima y sin provocación.”

Debe recordarse –puntualizó que “la víctima no salió a matar o a robar, sino que vinieron a agredirla, a lesionarla, incluso a asesinarla. La protección del ciudadano debe adecuarse a la altura de las circunstancias.”

Las modificaciones propuestas implican, “en primer lugar, ampliar y aclarar la redacción y el alcance del concepto, así como las condiciones a que refiere el actual artículo 26, vinculado con la legítima defensa. Se recogen posiciones doctrinarias, prestigiosas, que tienen que ver, por ejemplo, con eliminar de raíz un criterio interpretativo equivocado de los literales 1) y 2) del artículo 26, en cuanto a que lo que prevé la norma refiere a quien obra en defensa de su persona o de sus derechos, consagrados en el artículo 7 de la Constitución de la República.” En efecto, sostuvo Maciel, “suele hacerse una lectura incompleta, que no toma en cuenta que el medio empleado por quien se defiende de una agresión, no es solo para repelerla, sino también para impedir un daño emergente de ella.”

Por tanto, “en la práctica suele ponerse en el centro del instituto de la legítima defensa a la agresión física de la persona, que debe defenderse, o sea, a su derecho a la vida, sin advertir que Irureta Goyena, en el Código Penal de 1933 ya había ampliado el criterio a la defensa de los derechos, entendiéndose por tales, los enumerados en el artículo 7 de la Constitución.” Es así que, “muchas veces, algunos operadores judiciales descartan que una persona en defensa, por ejemplo, de su propiedad, pueda racionalmente –esta es la clave del artículo, actuar con racionalidad, la cual va a medir, entender y evaluar el juez– ejercer su defensa contra la persona del delincuente, cuando el accionar de este no ha puesto en peligro su vida o integridad física, pero sí hay que reparar en que también podrá hacerlo para impedir el daño, o sea, los derechos.”

El jerarca manifestó que “en todo caso, la correcta apreciación de este concepto va de la mano de la racionalidad, que va a permitir descartar si alguien va más allá de lo previsto por la norma, pero en cambio va a amparar, por ejemplo, a quien lo hace para evitar el robo del producido en varias jornadas de trabajo, que es el sueldo para mantener a su familia o el dinero destinado para el pago de los sueldos de sus trabajadores.”

Otro aspecto que también fue reclamado “es la inclusión de la legítima defensa presunta policial y de los funcionarios del Ministerio del Interior.

Se introduce, entonces, un inciso nuevo, y se incluye a los funcionarios del Ministerio de Defensa, que hoy realizan, a modo de ejemplo, patrullaje en zonas de frontera.”

“Se busca de esta forma consagrar mayores y mejores garantías para el cumplimiento de la función policial, estableciendo una presunción simple de la legítima defensa policial, que, obviamente, admite prueba en contrario. Se trata de una norma que trata de amparar a los funcionarios en cumplimiento del deber, expuestos a una delincuencia cada vez más más violenta y agresiva, que no duda en disparar y en poner en riesgo la vida de terceros y de los propios policías”, señaló.

Aclaró que “este es también un legítimo reclamo de los sindicatos policiales. Como decía el ministro Larrañaga, hay que defender a los que nos defienden, dado que las bandas de delincuentes hoy van por ellos, que son la primera línea de defensa de la sociedad.”

Corresponde por todo lo expuesto, “actualizar estos instrumentos en defensa de los derechos humanos de los uruguayos”.

En suma, afirmó Maciel, “tal vez los únicos preocupados –o los más preocupados– por esta nueva redacción de la legítima defensa tienen que ser aquellos que se dediquen a delinquir y que incumplan la normativa.”

Fuente Imagen: subrayado.com.uy