FA presenta proyecto que regula la adquisición por parte de extranjeros de tierras en suelos rurales

Frente Amplio

Senadores del Frente Amplio (FA) presentaron un proyecto de ley por el cual regula la adquisición por parte de extranjeros de tierras en suelos categorizados como rurales.

El mismo lleva la firma de las legisladores Carolina Cosse, Amanda Della Ventura, Sandra Lazo y Lucía Topolansky y los parlamentarios Oscar Andrade, Eduardo Bonomi, Charles Carrera, José Mujica y Daniel Olesker.

En el fundamento se expresa que el presente proyecto de Ley tiene por objeto regular la adquisición del pleno dominio, lanuda propiedad o la posesión de las tierras ubicadas en los suelos categorizados como rurales, por personas físicas de nacionalidad extranjera, y por personas jurídicas y otras estructuras jurídico-negociales que hayan sido constituidas en un país extranjero o que sean propiedad o estén controladas mayoritariamente por extranjeros independientemente del país de su constitución. Los Artículos 7 y 32 de la Constitución de la República establecen que la propiedad es un derecho sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general y “aunque esta razón pueda ser discutible en su valor … quien puede apreciar si hay suficiente interés general como para tomar la medida es el propio legislador ” (CASSINELLI; Derecho Público, 3ª edición, 2009, p.140). De forma complementaria, el Artículo 21 del Pacto de San José de Costa Rica, ratificado por Uruguay por la Ley Nº 15.737 del 8 de marzo de 1985, establece que las leyes pueden subordinar el uso y goce de la propiedad al interés social. La razón que nos moviliza a presentar este proyecto es el denominado problema de la extranjerización de la tierra. El problema de la extranjerización de la tierra es una cuestión de soberanía, con lo cual queremos decir que este es, en muchos casos, el ‘talón de Aquiles’ de las posibilidades de desarrollo de nuestro país. La tierra y la producción que emerge de ella, representa un pilar fundamental de nuestro comercio exterior. Es la base sobre la que fundamos nuestras posibilidades de salir a competir, abrir nuevos mercados y mejorar nuestro PBI, para así generar las políticas que habilitarán nuestras posibilidades de desarrollo. Por esa razón, se vuelve imprescindible defender la tierra, ya que esta es un recurso natural estratégico. Su preservación, cuidado y defensa es entonces un problema de soberanía. La soberanía nacional no es definible solo en función de la propiedad privada de los suelos. No obstante, esto importa y mucho sobre todo en un pequeño país como es el nuestro. Debemos asegurar a nuestros legítimos descendientes, que una parte importante del territorio sea de propiedad de nuestros compatriotas y, en este sentido, defender nuestra tierra se vuelve un mandato ineludible. 1 Nuestro tiempo asiste a un incremento desmesurado de liquidez, en diversos fondos internacionales. Algunos, responden a intereses trasnacionales, y otros, lisa y llanamente son propiedad de Estados. Lo cierto es que, en naciones como las nuestras, el PBI resulta poco significativo. Dicho de otro modo, nuestro territorio es objeto de compra por las leyes del mercado. En este sentido, nuestra tierra termina siendo un bien de cambio que, si no es protegida legalmente, puede terminar en manos extranjeras, afectando toda nuestra cadena productiva y transformándonos en una colonia. Por otro lado, al capital trasnacional le resulta muy redituable generar valor a través de la tierra, pues el paso del tiempo no hace otra cosa que incrementar su valor. En una economía agroexportadora como la nuestra, los productores arrendatarios cada vez son más importantes en la agricultura de secano, en el arroz, en la lechería e incluso en la ganadería. La concentración de grandes superficies a cargo del capital trasnacional perjudica la oportunidad y con ello la productividad real de vastos sectores de nuestra ruralidad. A la larga, además, tiende a expropiar definitivamente a la clase media rentista de nuestros campos que en definitiva, son compatriotas. He aquí la razón de interés general que motiva nuestro proyecto, que contiene una ponderación razonable de las ventajas e inconvenientes de establecer requisitos especiales para la adquisición de tierras por sujetos extranjeros, en los términos indicados en el proyecto, tomando como baremo el valor que una ley con este contenido puede aportar a la comunidad, que creemos es sustancial y de importancia capital. Esta clase de regulaciones, y las razones para su dictado, no son inéditas a nivel regional. En dicho sentido, Argentina dictó la Ley Nº 26. 73 7, sancionada por el Congreso de la Nación el 22 de diciembre de 2011 y reglamentada por sucesivos Decretos, que ha tenido como una de sus finalidades establecer límites a la titularidad de tierras rurales por los extranjeros en el territorio de la República Argentina. En Brasil, desde la Ley Nº 5. 709, de fecha 7 de octubre de 1971, se regula la adquisición de inmuebles rurales por extranjeros residentes y personas jurídicas extranjeras autorizada a funcionar en Brasil, regulación que incluso ha sido extendida a los arrendamientos de tierras por el Artículo 23 de la Ley Nº 8.629 de 25 de febrero de 1993. En términos generales, en Brasil la legislación relativa a la compra de tierras se retrotrae a 1971 . A nivel mundial tampoco es inédita esta clase de regulación. En Nueva Zelanda rige el ‘Overseas lnvestment Act’ Nº 82, del 21 de junio de 2005, en la cual, en el marco de la regulación de las inversiones por extranjeros, se incluyen límites a la adquisición de 2 tierras y se instituye la Oficina para Inversiones Extranjeras, como parte del Land Information New Zealand, como la entidad gubernamental encargada de administrar las políticas que regulan esta materia. En Australia, rige el denominado ‘Foreign Acquisitions and Takeovers Act’ Nº 92 de 1975, actualizada al año 2019, que regula las inversiones y las adquisiciones de tierras por extranjeros, existiendo una Junta de Revisión de la Inversión Extranjera que examina las propuestas de personas extranjeras y hace recomendaciones al Tesorero del Gobierno Australiano para su autorización. En Uruguay ya se dio un primer paso en este sentido, con la aprobación de la Ley Nº 19.283 de 24 de septiembre de 2014, que regula la adquisición de tierras por las sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones con capital accionario cuya titularidad y control corresponda a entidades propiedad de Estados extranjeros o a fondos soberanos de los mismos. La estructura del proyecto de Ley que se presenta es la siguiente. Los Artículos 1 º a 3º establecen las razones de interés general por las que se propone este proyecto de Ley, su carácter de orden público y por tanto indisponible por las partes en un negocio jurídico y su ámbito de aplicación. El régimen se aplica a las tierras ubicadas en los suelos categorizados como rurales, sea con carácter productivo, con carácter natural o ambos u otro tipo de nomenclatura que utilice la normativa aplicable, cualquiera sea su destino. Si bien, actualmente, la categorización de suelos se realiza a partir de lo dispuesto por los Artículos 30 y 31 de la Ley 18.308 de 18 de junio de 2008, la disposición es amplia para adaptarse a futuros cambios normativos. La normativa propuesta busca regular la adquisición por los extranjeros, del pleno dominio, lanuda propiedad y la posesión de las tierras ubicadas en los suelos rurales, para proteger al dominio nacional y de los sujetos con arraigo en nuestro país, frente a la concentración ociosa y especulativa de tierras por avatares financieros y del capital. Quedan fuera de la regulación los negocios jurídicos sobre desmembramientos del dominio, es decir, sobre los derechos reales de usufructo, uso, habitación y servidumbre sobre las tierras, en tanto que, a diferencia de lo que puede ocurrir con el pleno dominio, la nuda propiedad o la posesión, normalmente suponen una actividad productiva de parte del titular. A su vez, tampoco se someten a esta regulación los contratos personales como son los de arrendamiento, pastoreos, aparcerías, entre otros, por la misma razón.

El Artículo 4° establece los requisitos para que las personas físicas de nacionalidad extranjera, tengan o no domicilio o residencia en el territorio del Estado uruguayo, puedan adquirir el pleno dominio, la nuda propiedad o la posesión de tierras rurales.

El Artículos 5° establece los requisitos para que las personas jurídicas, así como las sociedades o asociaciones de hecho, constituidas en un país extranjero o sean propiedad o estén mayoritariamente controladas por personas físicas de nacionalidad extranjera o por personas jurídicas constituidas en el extranjero, puedan adquirir el pleno dominio o la nuda propiedad o la posesión de tierras rurales. Tales requisitos se establecen adicionalmente y sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Nº 18.092 del 7 de enero de 2001, en la redacción dada por el Artículo 349 de la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007, respecto de la titularidad de inmuebles rurales y de explotaciones agropecuarias por las sociedades comerciales, así como de cualquier otra exigencia que disponga la ley. Por otra parte, se aclara que las sociedades anónimas o sociedades en comandita por acciones con capital accionario representado por acciones al portador cuyos titulares controlantes sean entidades propiedad de Estados extranjeros o fondos soberanos de los mismos, se continuarán rigiendo por lo dispuesto en la Ley Nº 19 .283 de 24 de septiembre de 2014. En caso de derogación de la misma, la norma naturalmente aplicable, cuando la situación así lo configure, será la que se propone en este proyecto.

El Artículo 6º establece que podrán adquirir el pleno dominio, la nuda propiedad o la posesión los fiduciarios y administradores de los fideicomisos, fondos de inversión, y cualquier patrimonio de afectación, cuando los beneficiarios no sean personas físicas o jurídicas que se encuentren dentro de lo dispuesto por los Artículos 4º y 5° del presente proyecto de ley. La norma sigue las mismas reglas que los anteriores Artículos, regulándose esta hipótesis de forma separada, pues los fideicomisos, los fondos de inversiones y demás patrimonios de afectación, no son en sí mismos sujetos de derecho, sino negocios jurídicos cuya estructura hubo que considerar al momento de redactar el Artículo.

El Artículo 7° establece que solo podrán adquirir el pleno dominio, la nuda propiedad o la posesión los consorcios, grupos económicos, o toda otra forma de colaboración empresarial regulada o no por la ley, cuando en ellas no participen personas físicas o jurídicas que se encuentren dentro de lo dispuesto por los Artículos 4° y 5° del presente proyecto de ley. La norma sigue las mismas reglas que los anteriores Artículos, regulándose también esta hipótesis de forma separada pues se trata de estructuras jurídico-negociales que no en todos los casos cuentan con personería jurídica.

En el Artículo 8º, en línea con las razones que motivan este proyecto de Ley, se faculta al Poder Ejecutivo a que, de modo excepcional, en el marco de un proyecto productivo de relevancia para el país orientado a las políticas y los objetivos de desarrollo nacional, pueda autorizar la celebración de negocios jurídicos que tengan por objeto la enajenación del pleno dominio, lanuda propiedad o posesión de tierras ubicadas en suelos rurales a algunos de los sujetos indicados en los Artículos 4 a 7 que no reúnan las exigencias establecidas. La autorización del Poder Ejecutivo debe ser fundada y deberá remitir a la Asamblea General para su conocimiento, el acto de autorización, el proyecto productivo y todos los antecedentes correspondientes.

El Artículo 9º delega en la reglamentación, que recaerá en el Poder Ejecutivo, de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 168 Nº 4 de la Constitución, únicamente, la forma de acreditar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, así como además, la definición del órgano a cargo de su control.

El Artículo 11 º dispone como consecuencia jurídica de la celebración de un negocio jurídico que incumpla esta ley, la nulidad absoluta e insubsanable, sin derecho a reclamo indemniza torio por las partes. Idéntica consecuencia prevé el Artículo 10 respecto de aquellos negocios jurídicos celebrados a través de la interposición de personas físicas con ciudadanía natural o legal uruguaya o personas jurídicas constituidas de acuerdo a las leyes uruguayas, con el fin de infringir las previsiones de esta ley, lo que se considera que configura una simulación y se prohíbe expresamente.

El Artículo 12º establece, expresamente, que la ley no afectará derechos ya adquiridos legítimamente, por cualquiera de los indicados en los Artículos 4 a 7 que no reúnan las exigencias establecidas en tales disposiciones, hasta la entrada su vigencia. Finalmente, el Artículo 13º aclara que todo negocio que implique la traslación de dominio pleno o la nuda propiedad o la posesión, cualquiera sea la forma y denominación que acuerden las partes, que se disponga en contravención de esta ley y que se realice en el período comprendido entre su entrada en vigencia y la reglamentación por el Poder ~ Ejecutivo, queda alcanzada por las disposiciones de la misma y sujeta a las consecuencias los Artículos 10 y 11 º.

Fuente Imagen: Radio RBC.