Javier Miranda: Un legislador puede tener una actitud muy digna al dejar un lema “pero no quiere decir que se vaya con la banca para otro partido”

Javier Miranda

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda dio su opinión respecto al proyecto de ley impulsado por la coalición de izquierda sobre la titularidad de las bancas legislativas, considerando que un legislador puede tener una actitud muy digna al dejar un lema “pero no quiere decir que se vaya con la banca para otro partido”.

Al participar el pasado 27 de junio en la Comisión Especial de Partidos Políticos, Financiación y Publicidad del Senado, Miranda estimó que una modificación constitucional sería lo mejor para concretar la iniciativa pero, evaluó, que nada impide que pueda llevarse a cabo mediante una norma legislativa con mayorías especiales.

Compartimos la ponencia de Miranda.

Enrique Pintado (Presidente). La Comisión Especial de Partidos Políticos, Financiación y Publicidad tiene el honor de recibir al presidente del Frente Amplio, doctor Javier Miranda. La invitación refiere a un proyecto de ley que está a consideración de esta comisión con respecto a la titularidad de la banca que, como señalamos a las anteriores delegaciones, se podría dividir en dos: una parte conceptual y otra relacionada con la herramienta jurídica que está a estudio.

Javier Miranda. Desde luego que el tema en cuestión tiene dos miradas insoslayables: una estrictamente normativa y otra política, las cuales no pueden analizadas en forma separada porque las cuestiones normativas apuntan a la forma de hacer política. Nosotros elegimos hacer política a través del Derecho, de normas jurídicas pero, sin duda alguna, ellas exigen consideraciones de distinta carga argumental.

Como presidente de un partido, de un lema, creo que la opinión que se me requiere es más política que normativa aunque, por la razón que apunté, no quiero escapar a las cuestiones normativas.

A nivel constitucional no hay norma que establezca la titularidad de la banca y por eso estamos discutiéndolo. En ese sentido, coincido con el doctor Correa Freitas cuando dice que la Constitución no define este tema en sus artículos 4 y 82, pues como principio básico se establece que la soberanía en toda su plenitud existe radicalmente en la nación, lo cual no está en discusión.

Tampoco entiendo que esté definido en el artículo 88 por cuanto esta disposición refiere a la representación proporcional y expresa que la Cámara de Representantes se compondrá de noventa y nueve miembros elegidos directamente por el pueblo. Por lo tanto, no hay duda alguna de que la elección es directa y el sistema es de democracia representativa.

Sí creo que hay un argumento de texto al que se debe prestar atención. Me refiero al artículo 115 de la Constitución en lo que tiene que ver con las causales por las cuales las Cámaras podrían excluir de su funcionamiento a un legislador o a una legisladora. Creo que hay que mirar de cerca ese argumento. En mi opinión, el artículo 115 tampoco define el tema. Es cierto que establece cuáles son las causas por las que los pares pueden remover a un legislador, pero el hecho de que alguien cambie de lema en el transcurso del período en el que fue electo no tiene por qué ser una sanción; podría ser perfectamente una incompatibilidad del sistema comprendido en los artículos 122 y siguientes de la propia Constitución. Es más, el artículo 126 de la carta prevé que se puedan establecer otras causas de prohibición. Entonces, nada impide que por vía legislativa se puedan estipular otras formas de prohibición o incompatibilidades con el cargo. No creo que eso vulnere el principio de libertad, porque el legislador o la legisladora que legítimamente decide no seguir perteneciendo al lema por el que fue electo originariamente tiene toda la libertad de hacerlo; en todo caso, no tendría la libertad de conservar la banca que, en realidad, no es una libertad sino un poder, que no es lo mismo.

Entonces, por un lado, no creo que genere necesariamente una sanción; es más, no me parece que se deba incluir como una sanción porque ahí sí chocaría con el artículo 115 de la Constitución, y perfectamente podría resolverlo por los mecanismos de establecer prohibiciones. Insisto: me parece que la carta no resuelve el problema de la titularidad de la banca. Por otro, sí creo que está resuelto a nivel legislativo. Esta comisión ha tenido buena información tanto de parte de la Corte Electoral como de destacados juristas sobre cómo funciona el mecanismo de las leyes del 25 y del 27 y cómo se hace la distribución de las bancas. Es notorio que la inclinación de las leyes electorales es en el sentido de que se elige por lemas. Tanto es así que en el tercer escrutinio efectivamente primero se determina a qué lema le corresponde ese saldo de votos –por decirlo de alguna manera– y, en consecuencia, se hace la designación en función del lema y no de la persona.

En términos legislativos, la inclinación es clara en el sentido de que la titularidad de la banca es del lema y no del partido. Todo el mecanismo de conformación electoral, con los lemas que autorizan las agrupaciones y las designaciones de listas indica que la representación es en función del lema. Lo que importa es cómo juega la representación en función del lema.

Francamente creo que no hay un impedimento constitucional porque la Constitución no resuelve; sí hay que tener cuidado con la invocación de la carta y el sistema legislativo claramente es de titularidad de la banca del lema, porque así está estructurado.

El Poder Legislativo, por vía legal, ¿puede resolver el tema? Sí; según el numeral 20) del artículo 85 de la Constitución no tengo dudas de que lo puede hacer. Una de las funciones de la Asamblea General es interpretar la carta y, en este caso, hay que hacerlo; sin duda, frente a los textos normativos dudosos justamente lo que hay que hacer es interpretar, y la mejor forma de hacerlo es a través de la legislación. Desde luego que el ideal sería que se resolviera por vía constitucional; ¡no tengo duda! El ideal sería aprobar una reforma de la Constitución que dejara claramente establecido el tema; esa es la ley política máxima de la república y eso sería lo ideal. Ahora bien, ¿en el intertanto se puede hacer por vía legislativa? Insisto: creo que sí. Ahí podríamos discutir si se necesita mayoría especial de dos tercios de votos, mayoría absoluta según el artículo 126, u otras.

Creo que no se trata de una ley electoral porque no reglamenta el proceso de elecciones sino que lo que hace es interpretar a quién corresponde la banca. No es un problema de procedimiento electoral, por lo cual creo que no es aplicable el numeral 7º) del artículo 77 de la Constitución, pero –y acá vienen las consideraciones políticas– considerando lo que está en juego en el sistema político, una ley de esta naturaleza no debería, no sería políticamente adecuado, resolverla por mayorías que no sean especiales, especialísimas; es la búsqueda de consensos entre de los partidos políticos; creo que eso no se le escapa a nadie.

En cuanto a las cuestiones políticas en curso, la primera cuestión política central aquí es el tipo de democracia representativa que generamos. Deberíamos ser todos contestes –sobre todo en este ámbito– de la necesidad del fortalecimiento de los partidos políticos, en un momento particular de la democracia representativa en occidente –como la conocemos– donde hay un notorio debilitamiento de los partidos políticos y en consecuencia de las institucionalidades democráticas, por lo menos en las democracias de corte constitucional occidental.

Para no referirnos a cuestiones políticas de la región inmediata y no comprometernos demasiado con opiniones en ese sentido, basta con ver lo que en este momento está sucediendo en Italia con la desintegración de los partidos políticos, la personificación del poder, no ahora con el fenómeno cinco estrellas, sino antes con la personificación del poder. Creo francamente que la democracia debe basarse en partidos políticos fuertes. Concebir que quienes son titulares del poder representativo lo son a título personal y no en función de su lema, deteriora enormemente los partidos políticos y termina vulnerando seriamente a la democracia.

La Constitución de la república es la jerarquía máxima en el orden jurídico nacional, pero además es una carta política, es la fundación política de la república. Notoriamente, el artículo 77 respalda la fortaleza de los partidos políticos y por eso este artículo hace especial hincapié en algunos numerales que me interesa rápidamente señalar. El numeral 9.º) del artículo 77 establece en los incisos dos y tres que las hojas de votación estarán individualizadas por lemas y no por personas. Esto pensado en términos de partidos políticos y su fortalecimiento.

El numeral 11) sin perjuicio de dar a los partidos políticos la más amplia libertad, en su literal b) dice: «dar la máxima publicidad a sus Cartas Orgánicas y Programas de Principios, en forma tal que el ciudadano pueda conocerlos ampliamente». Es decir, está apostando por un sistema de partidos políticos sólido.

Por lo tanto, entiendo que el fortalecimiento de los partidos políticos es clave para la democracia representativa, para la democracia constitucional y además está en sintonía con nuestra carta política, absolutamente. Evitar la atomización de los partidos y la personificación del poder es un tema central. Sin duda, aquí podríamos referirnos a la región, a los proyectos políticos encarnados en personas, más allá de corrientes de opinión, pensamientos, propuestas programáticas, debate de ideas y aún más podríamos caer en la hipótesis del corporativismo asociado a personas que sería nefasto para el sistema democrático. Las propuestas deben ser producto de sistemas de ideas; los partidos –creo y defiendo ampliamente– deben estar basados en ideas y no en personas, sin desconocer la importancia que tienen las personas en encarnar proyectos políticos, pero no a sí mismos.

En términos políticos creo que hay una cuestión –desde luego es opinable y sobre todo en las escalas más pequeñas de jurisdicciones electorales– de qué vota la gente. No tengo duda que hay un peso enorme de las personalidades, pero se vota el lema, la gente vota partidos. No hay alternativa, el sistema no da otra opción. Sin duda que la personalidad de quien representa esas ideas pesa mucho, pero se debería extender a que sobre todo pese el conjunto de ideas que representa y no proyectos más o menos individuales.

Finalmente hay una cuestión ética, de credibilidad en el propio sistema político –que además está en juego en las democracias contemporáneas, sin duda en todo el mundo occidental, en Europa, en buena parte de América Latina y en Uruguay también–, que es la fidelidad de las personas políticas en el cumplimiento de la función pública.

El legislador es electo bajo un lema, bajo un conjunto de principios, bajo un programa. Entonces, si bien puede suceder que abandona el lema por convicciones propias y no por entender que el lema por el que fue electo resignó posiciones que venían en su visión programática –eso siempre lo puede hacer–, es absolutamente legítimo que el legislador diga que el partido por el que fue electo, hoy no expresa los ideales que están en el programa del partido y, en consecuencia, abandona el lema. Muy bien: abandona el lema, pero no quiere decir que se vaya con la banca para otro partido. Ahí creo que podría entrar a jugar el problema ético. No creo que por ello sea indigno –sé que es un tema que está en debate en este momento en la comisión–; es muy fuerte ese término. Comparto las afirmaciones que se hicieron en comisión en cuanto a que muchas veces es la propia dignidad la que obliga al legislador o a la legisladora a decir que no quiere pertenecer más al lema por el que fue electo. Creo que puede ser una actitud muy digna y absolutamente justificable. Además, está explicada históricamente. De todas maneras, quien entienda que fue electo por sus condiciones y no por pertenecer a un lema, creo que puede verse comprometido políticamente e, incluso, muestra falta de humildad. Pienso que es una conducta ética, por lo menos, cuestionable. Insisto que eso no impide que el legislador o la legisladora, llegado el momento, diga que no pertenece más al lema porque entiende que no representa aquellas ideas que defendió y por las cuales se incorporó al sector político.

Francamente, en términos políticos no dudaría en que se debe fortalecer a los partidos y, en consecuencia, no permitir que un legislador cambie de lema durante la legislatura para la que fue electo. En términos normativos, en tanto entiendo que la Constitución no define, no hay un problema constitucional de por medio y podría resolverse por vía legal.

Pablo Mieres. Es obvio que lo que estamos haciendo es escuchar las posiciones de cada partido y es conocida por todos los integrantes de la comisión la posición de nuestro partido, que acaba de ser expresada.

Simplemente, quiero hacer dos referencias.

Por un lado, el artículo 126, que fue mencionado, hace referencia a prohibiciones por conductas que puede desarrollar el legislador en el ejercicio del cargo y no a lo que podría ser removerlo del cargo. Cuando se habla de prohibiciones en cuanto a su accionar se hace referencia a generar actos de influencias, ayudar a realizar asuntos por vía de su influencia como legislador y alguna otra cosa más. Es cierto que el artículo 126 permite agregar alguna prohibición por ley, pero es una materia bien distinta que las causales por las que puede ser removido un legislador, que es otro aspecto de la cuestión.

Por otro lado, está la cuestión ética y, en ese sentido, simplemente voy a remitirme a lo que leyó el diputado Iván Posada hace un rato, que remite, a su vez, a un reportaje que se le hizo a Oscar Bottinelli hace un tiempo. Allí pasó revista de toda la enorme cantidad de gente que a lo largo de este siglo abandonó lemas y no renunció a su banca. Salvo alguna excepción, que fue explicada, casi ninguno la abandonó y, por lo menos en la mayoría de los casos, no había problemas éticos. Estamos hablando de gente muy valiosa y respetable.

En el caso de los fundadores del Frente Amplio, que pensaron que debían crear un nuevo partido y, por eso, abandonar el Partido Nacional o el Partido Colorado, no creo que haya habido un problema ético. Es más, creo que la historia validó que esa fue una decisión valiente y difícil, porque se trataba de abandonar lemas grandes para ir a forjar un lema con el que no se sabía qué iba a pasar. Me parece que ahí hay un alcance sobre la ética de las conductas que la historia contradice en múltiples casos, desde Frugoni hasta la fecha.

Javier Miranda. Insisto en que no creo que sea una conducta antiética dejar el lema; eso es totalmente legítimo.

Pablo Mieres. Hablé de abandonar el lema sin renunciar, que es el caso de muchos legisladores.

Javier Miranda. Eso es lo discutible. Las cuestiones éticas son absolutamente opinables y, para eso, para liquidar las discusiones éticas, inventamos el derecho. Esa era su función. Como no había acuerdos morales, se inventó resolverlos por la vía del poder.

También me parece una actitud ética decir: como fui electo por un colectivo de personas, asumo la responsabilidad de abandonar el sector por el que fui electo con las consecuencias que eso conlleva, entre otras, dejar la banca, pero insisto que no por la vía de la sanción porque ahí sí habría un problema con el artículo 115. Entiendo el argumento del artículo 126. De la misma manera que un legislador si es llamado a ser director de un ente o de un servicio, entonces, deja la banca y elige, en este caso, un legislador asume la responsabilidad de dejar el lema por el que fue electo y renuncia –no es sancionado– porque conoce de antemano cuáles son las reglas de juego y en consecuencia asume la decisión. De todos modos, es opinable”.

Fuente Imagen: lr21.com.uy