Jorge Larrañaga: “Es necesario naturalizar la autoridad”

Policía Uruguay

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga defendió los cambios que se implementarán a través de la Ley de urgente Consideración (LUC) en el respeto al procedimiento policial, bajo la premisa que “es necesario naturalizar la autoridad. Es necesario ser sabedores de que tenemos derechos, pero también la contracara de los deberes.”

Sus conceptos fueron efectuados el pasado martes 9 en la Comisión Especial que analiza la LUC en la Cámara de Representantes al participar encabezando la delegación del Ministerio del Interior.

“El artículo 11 dice, en parte: ‘El que obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulte, por palabras, escritos o hechos, a la autoridad policial en ejercicio de sus funciones o con motivo de estas, será castigado con una pena de tres a dieciocho meses de prisión’. Tiene una redacción bastante extensa y, además, un considerable grado de subjetividad. ¿Qué es lo que me agravia a mí? ¿Por qué un agente de policía se puede sentir agraviado? ¿Cuáles son esos elementos?”, preguntó el diputado Alejandro Sánchez del Frente Amplio.

A su entender “esto ingresa en un escenario de cierta subjetividad que puede generar grandes problemas y, más aún, cuando ya tenemos tipificados delitos en el Código Penal que pueden caer en esta figura; también existen figuras penales que contemplan el caso de si una persona insulta a otra, agrede, le tira un objeto u obstaculiza el procedimiento policial. “

Entonces, “no entendemos por qué crear un delito de esta naturaleza tan subjetivo, que se puede prestar para distintas interpretaciones y puede propiciar ciertos episodios que nadie quiere, que pueden llevar a situaciones de indefensión de los ciudadanos.

En realidad, el bien que estamos tutelando son los derechos de los ciudadanos. Por eso, también hay que tutelar y defender los de aquellos funcionarios, en este caso públicos, que preservan el orden público en nuestro país.”

Según Sánchez, “naturalmente, también a ellos hay que protegerlos, y más cuando están cumpliendo esas funciones en la sociedad, pero el bien a tutelar es el derecho de los ciudadanos. Y aquí parecería que los ciudadanos pueden caer en hipótesis de delito si la policía se siente agraviada frente a una situación, por ejemplo, de escritos o de determinados hechos. Esta es una situación que nos tiene muy preocupados y nos gustaría profundizar en ella”.

El legislador Sebastián Sabini, también del MPP expresó que “ya existe una serie de tipificaciones que podrían establecerse como delitos. Entonces, la pregunta tiene que ver con cuáles son las hipótesis de peligro que están manejando desde el Ministerio del Interior para esta modificación”.

“Señal y respaldo jurídico”

Por su parte, el director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, doctor Álvaro Garcé puntualizó que “se ha dicho, por ejemplo: ¿para qué establecer el artículo 11, el agravio a la autoridad policial? Esto tiene una razón de ser, y la fundamento en política legislativa. Sabemos que existe una figura madre, que es el desacato. Es verdad lo que se ha dicho, en el sentido que ya existe una figura aplicable al caso.”

“¿Por qué el Poder Ejecutivo va en la línea de crear una figura autónoma? Porque entendemos -como ha dicho el señor subsecretario- que es necesario no solo dar una señal, sino un respaldo jurídico concreto a la Policía en sus funciones de tutela del orden público. En ese plano no estamos desconociendo que cuando se modifican y crean determinadas figuras autónomas, ello se hace a partir de figuras madre, como en este caso. No es un ejemplo nuevo en el derecho uruguayo”, dijo Garcé.

Asimismo, “si nosotros recordamos la Ley Nº 16.707 de 1995, de seguridad ciudadana, vamos a encontrar un ejemplo calcado de este. Alguien, en su momento, argumentó: ‘¿Para qué se va a crear la figura de la receptación -artículo 350 bis del Código Penal- si ya se tiene al encubrimiento?’. En aquel momento se argumentó -lo seguimos haciendo en la misma línea veinticinco años después- la creación de una figura particular, porque entendíamos que era de correcta técnica legislativa”.

También “lo mismo cabría decir en relación al artículo 344 bis actual del Código Penal que nació en la misma reforma de 1995. En su momento, se decía: “¿Para qué van a crear la rapiña con privación de libertad o copamiento si existe la privación de libertad -el artículo 281- y la rapiña simple?”.

Para el jerarca “es cuestión de hacer jugar la conjunción de las figuras y, entonces, no sería necesario; eso se decía en 1995. Sin embargo, la práctica demostró que la creación de la figura tuvo su rendimiento y fue un instrumento que permitió a la Justicia enfrentar un delito que en aquel momento estaba incrementándose exponencialmente y que cortó su evolución. Evidentemente, eso fue el resultado de una modificación de la legislación”.

Por lo tanto, comentó Garcé, “esa es la razón por la cual el Poder Ejecutivo hoy va en la misma línea, no experimentando, sino recorriendo un camino que ya se ha hecho, autonomizando determinadas figuras porque se entiende que técnicamente es conveniente; por ello, las razones de política legislativa”.

El ministro del Interior, Jorge Larrañaga “como aporte que puedo hacer a lo que los prestigiosos juristas que me antecedieron en el uso de la palabra desde el punto de vista de los hechos, debo decir que es necesario naturalizar la autoridad. Es necesario ser sabedores de que tenemos derechos, pero también la contracara de los deberes”.

“Eso es fundamental, tanto en la vida en sociedad como en lo que refiere a la educación o la relación de las personas con la autoridad. Abusos siempre existen.

Hoy, seguramente, puedan formalizar a dos policías por hechos de abuso, creo del mes de diciembre. Eso pasa en todos los gobiernos porque es imposible controlar el desborde que pueda existir de todos los integrantes del personal”, afirmó el titular del Ministerio del Interior.

No obstante, “también hay realidades muy complejas y muy duras. Por ejemplo, ayer, con el director nacional de la Policía fuimos al Hospital Policial a ver a un oficial herido, cuyo balazo recibido estuvo a escaso 1 centímetro de la arteria femoral, quebrándole la tibia y el peroné. Todo por una resistencia al arresto, mientras tenía que sortear las peripecias del procedimiento”. Entonces, dijo Larrañaga, “su propia arma -accionada por él o por quien resistía el arresto- terminó generando esa lesión. Seguramente, luego de operaciones mediante -con el tratamiento y la fisioterapia del caso-, esta persona joven -padre de tres hijos- pueda recuperarse quizás dentro de un año con muchísima suerte, si no deja ninguna secuela”.

“Quería hacer referencia a esto porque la legislación actuante no tiene la virtualidad de comprender situaciones a las cuales se expone la autoridad policial. Por otra parte, no es el policía el que terminará tipificando un hecho delictual, sino que quien termine tipificando la adecuación del hecho a la figura delictiva será el juez, con todas las garantías del caso”, precisó.

Al respecto, “puede ser que se haga un procedimiento que se presume de acuerdo a derecho, que llegue a la fiscalía y que esta diga que está mal: ‘Usted se desbordó. Usted abusó de derecho. Usted no trae la pericia ni las pruebas correspondientes’. Entonces, procederá en consecuencia para dictaminar en una determinada línea”.

Fuente Imagen: republica.com.uy