Ministro Pablo Mieres: “En 2019, el BPS tuvo un déficit de US$ 800.000.000, el doble del que tenía en 2015”

Pablo Mieres

Se hace imperioso comenzar un estudio serio sobre la reforma de la seguridad social, máxime, cuando los números hablan por sí solos: “en 2019, el BPS tuvo un déficit de US$ 800.000.000, el doble del que tenía en 2015”, afirmó el ministro Pablo Mieres (MTSS).

El tema está contenido en la Ley de Urgente Consideración (LUC) que analiza el gobierno.

El pasado miércoles 17 de junio, asistieron a la misma, por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres, Ministro; Mario Arizti, Subsecretario; Valentina Arlegui, Directora General de Secretaría; Daniel García Zeballos, Director Nacional de Seguridad Social; Federico Daverede, Director Nacional de Trabajo y Elena Grauert, Subdirectora Nacional de Trabajo.

En un tramo de la misma, Mieres explicó:

“El Capítulo II, que incluye los artículos 389 al 394, desarrolla una propuesta metodológica para llevar adelante un asunto que es absolutamente urgente, necesario y fundamental: la reforma de nuestro sistema de seguridad social. Al respecto, diría que hay muy pocas voces que no reconozcan la urgencia y la necesidad del tema. De hecho, en el período de gobierno anterior, distintas voces -particularmente las del Ministerio de Economía y Finanzas señalaron el carácter inexorable de llevar adelante una reforma que tiene que ver directamente con cambios notorios en nuestra estructura demográfica.”

Por tanto, “Uruguay, siguiendo las pautas de los países más modernos desde el punto de vista social, tiende a convertirse en un país cada vez más envejecido en el que en pocos años los mayores de sesenta años serán más que los menores de quince años y, por lo tanto, la relación activo-pasivo tiende a modificarse en un sentido de igualación. Esto ocurre en todo el mundo desarrollado y en los países que han tenido políticas sociales más modernas y accesibles para la población en general, sucede con mayor velocidad”.

Estimó que “el aumento de la expectativa de vida es una buena noticia, pero la reducción de la pauta de natalidad no lo es para mí, a pesar de que la tendencia del mundo moderno es postergar la maternidad y la paternidad, y por lo tanto también se reduce el número de hijos que se tiene por pareja. Basta ver los datos demográficos de los últimos años para constatar cuán rápido está ocurriendo esto en Uruguay. Todo esto tiene un impacto sobre el sistema de seguridad social en términos de sustentabilidad”.

Según el titular del MTSS, “en la medida en que se va igualando el número de activos con el de pasivos, se genera el problema de cómo se sustenta el régimen y hay necesidad de introducir modificaciones. En 2019, el BPS tuvo un déficit de US$ 800.000.000, el doble del que tenía en 2015. O sea que hay un proceso de aceleración, que además es resultado de algunas decisiones que se tomaron con errores bastante gruesos de cálculo en cuanto a cuál iba a ser el costo”.

Puntualizó que “hubo un error de cuatro o cinco veces el déficit que se generaba con respecto a esas decisiones, pero independientemente de ellas, esto lo que hace es acelerar la urgencia de la reforma. El gobierno anterior advirtió con insistencia la inexorable necesidad de que en este período de gobierno -fuera quien fuera que lo desempeñara- habría que encarar ese necesario proceso de reforma. Supongo que este es un tema razonablemente consensual en el sistema político, y lo que se hace en este proyecto de ley es establecer una metodología o un procedimiento”.

En tanto, “el camino elegido es la creación de un comité de expertos, que se establece que funcionará en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto”.

Por otra parte, “esta modalidad metodológica de reforma no es original del Uruguay, sino que es la que se ha adoptado en numerosos países, como Suecia, Holanda, Noruega, Dinamarca, Alemania e Italia, que han incorporado el mecanismo del comité de expertos como un camino previo al desarrollo de la reforma. El alcance que se le atribuye al trabajo del comité de expertos implica el análisis de todos los regímenes previsionales que conforman nuestro sistema de seguridad social. Por lo tanto, estamos diciendo que esta va a ser una reforma integral, que incorpora no solo el sistema de seguridad social administrado por el Banco de Previsión Social, sino el conjunto de los subsistemas. Incluye las cajas paraestatales y los sistemas previsionales que forman parte del Estado, es decir el sistema de pensiones militares y policiales”.

Además, dijo Mieres, “es necesario estudiar los impactos que la dinámica demográfica genera sobre el régimen de seguridad social -lo que acabo de mencionar-, así como las consecuencias de los procesos de automatización y la experiencia internacional en la materia, proponer formulaciones desde el punto de vista contributivo y no contributivo, encarar las formas de financiamiento, proponer un modelo de sustentabilidad del sistema, y definir -nada más ni nada menos- los períodos de transición, que son un asunto absolutamente inexorable en cualquier reforma de la seguridad social, porque reformarla implica efectos de muy larga duración”.

Cincuentones

En ese sentido, “el caso de los cincuentones es un ejemplo muy evidente. Los problemas que tuvimos con la situación de los cincuentones, su demanda y su posterior tratamiento legislativo, referían a reformas ocurridas veinte años atrás, es decir en el año 1996, pero su impacto apareció a mediados de esta época, lo que indica hasta qué punto cuando estamos reformando la seguridad social debemos prever impactos económicos, financieros y de expectativas de jubilaciones de personas que hoy son jóvenes, pero que con el devenir del tiempo van a convertirse en individuos que van a tener relación directa con los resultados de las decisiones que vamos a tomar. Por eso es importante que ese comité de expertos sea amplio en su conformación”.

El secretario de Estado manifestó que “el proyecto de ley incluye que ese comité integrado por quince miembros tenga representatividad de las distintas miradas, tanto desde el punto de vista social como político, y se le establece un plazo bastante perentorio -tratándose de esta temática-, de noventa días, para la formulación de un diagnóstico y de noventa días más para la elaboración de una propuesta. ¿Por qué ese plazo tan perentorio? Porque nosotros entendemos que es muy importante avanzar en una consideración legislativa de un proyecto de reforma con celeridad”.

Fundamentó que “si hablamos de noventa días de trabajo para el diagnóstico y noventa días más para la propuesta, más luego la conversión de la propuesta en un proyecto de ley, esperamos que a mediados del próximo año pueda ingresar un proyecto de reforma de la seguridad social al Parlamento, con tiempo suficiente para su consideración por parte de ambas Cámaras”.

Representantes sociales

Finalmente, “el último capítulo -que está compuesto de un solo artículo refiere a reinstalar la normativa que estaba vigente hasta fines del año pasado para regular la elección de los representantes sociales del Banco de Previsión Social. La norma proyectada retorna a la que existía hasta fines del año pasado y supone una modificación en el sentido de abrir las posibilidades y dar más democracia al proceso de presentación y postulación de candidatos a los cargos de representantes sociales en el Banco de Previsión Socia”.

En efecto, “la norma que se modificó a fines del año pasado incorporó más requisitos para que cualquier grupo o candidato se presentara, y en ese sentido cerró la cancha. Nos parece que esa fue una decisión con un criterio equivocado. La norma actual, que se aprobó a fines del año pasado, establece que debe tratarse de organizaciones nacionales con más de dos años de existencia, representatividad referida a más de un sector de actividad, con un número mínimo de afiliados y con personería jurídica. La propuesta de este artículo vuelve a lo que estaba, que plantea estrictamente dos de esos requisitos: número mínimo de afiliados y personería jurídica. Yo diría que ya con esos dos criterios tenemos un nivel de exigencia importante porque se requiere el apoyo de un número de afiliados equivalente al 1% del total del sector representado. Eso, desde el punto de vista de la exigencia -lo menciono para que los señores legisladores reflexionen al respecto- ya es más que lo que establece la norma vigente para formar un partido político”.

“Es decir que se exige a quienes se van a presentar como candidatos a cargos en el Directorio del Banco de Previsión Social un respaldo cuantitativo mayor que para formar un partido; nada más ni nada menos. Creo que ya con eso estamos bastante cubiertos de situaciones fugaces, etcétera. Reitero: se está exigiendo a cualquier candidato para un cargo de representación social en el Banco de Previsión Social un número mínimo de afiliados y personería jurídica. Creo que con eso basta y que la modificación del año pasado fue errónea; por lo tanto, estamos abriendo la cancha y aumentando los criterios de participación, representatividad -y por lo tanto de democracia- a la hora de esa elección”, precisó Mieres.