Pablo Bartol: “El Mides sos vos”, el protagonismo de las comunidades con el espaldarazo del Estado

Pablo Bartol 404

Por Marcelo Márquez. No se van a recortar las prestaciones sociales en un gobierno del Partido Nacional.

Esa es la primer premisa que desde las huestes de Luis Lacalle Pou se apresuran a puntualizar y comprometerse ante la estrategia del gobernante Frente Amplio que advierte que si triunfa el candidato de la oposición “habrá motosierra”, aludiendo a la polémica y distorsionada frase que fuera pronunciada una década atrás por Luis Alberto Lacalle Herrera en la competencia ante José Mujica.

Pablo Bartol, quien estará al frente del Ministerio de Desarrollo Social en caso que el Partido Nacional alcance la victoria ha dejado en claro que lo que se pretende es una visión transformadora. Términos como centralidad en la persona, mentores, coordinadores territoriales, proximidad, funcionarios del Mides y el propio Estado involucrado, forman parte del ABC de la instrumentación de la iniciativa.

En síntesis, como compromiso de toda la sociedad, la consigna central, el santo y seña de la administración será “El Mides sos vos” con un fuerte protagonismo de las comunidades con el espaldarazo y la guía del Estado.

Bartol y el Partido Nacional son críticos con los resultados del Mides.

Más allá de las políticas desplegadas en salud, educación, en vivienda, en trabajo, en seguridad social, “no han podido incidir” por lo cual “hay una fractura social” que “es lo que hacen que esas políticas sociales lleguen a un punto en donde hay un grupo de personas en las que no logran incidir, y al no incidir no logran darle el empuje necesario para aprovechar también luego en los momentos de bonanza económica.”

“Eso lo vemos todo en Uruguay, de ver gente que está desenganchada del resto de la sociedad. Y esa es la gran preocupación de todos en materia social, lo que nos duele como uruguayos, ver gente que quedó atrás y querés tirarle un cabo y no sabés cómo, y querés subirlos al barco, y te das cuenta que hay una distancia grande y no sabés como resolverlas. Y es allí donde vienen las políticas focalizadas para tratar de poner a todos en el mismo punto de partida”. Los conceptos de Bartol fueron compartidos el pasado lunes 30 durante el plenario de la Lista 404 de Montevideo que contó con la presencia del senador Álvaro Delgado, y los diputados Martín Lema, Graciela Bianchi, y Juan José Olaizola, así como el ex legislador Gonzalo Mujica, y el dirigente José Luis Satdjian, entre otros.

Allí Bartol dejó en claro que será fundamental en la política a seguir el trabajo de los mentores sociales, aquellos referentes de la comunidad que conocen la situación, la viven, la padecen, y que son escuchados, a los cuales se les capacitará para que cuenten con mejores herramientas a la hora de la incidencia.

En otro orden, Bartol dejó en claro que sigue vigente el proyecto de 0 asentamiento aunque admitió que es una política para comenzar que seguramente insumirá más de un período de gobierno.

Propuestas

¿Qué plantea el programa del Partido Nacional? ¿Cuáles son algunas de las propuestas que se impulsarán?

Políticas sociales fundadas en nuevos principios

Estamos convencidos de que una de las tareas primordiales del Estado es desarrollar políticas sociales. Se trata de una condición para construir una sociedad más justa, donde el horizonte de desarrollo de cada persona no dependa del lugar o de la familia en la que le tocó nacer. El objetivo último de las políticas sociales es facilitar el acceso a oportunidades, dar contención y proporcionar las herramientas que hagan posible el desarrollo social genuino de todos los miembros de la sociedad.

Nuestra manera de concebir las políticas sociales está orientada por los siguientes principios:

  • Centralidad de la persona

El protagonista de las políticas sociales no puede ser un ministerio, ni un conjunto de programas, ni los técnicos que lo llevan adelante, sino el beneficiario concreto. El desarrollo social debe focalizarse en la dignificación de la persona a través del ejercicio efectivo de los derechos y obligaciones, y del fortalecimiento de capacidades. Sin estrategias de desarrollo personal respetuosas de la diversidad de estilos y preferencias, no hay superación de la exclusión ni de la dependencia.

Esta idea debe permear el diseño de las políticas, la asignación de recursos y la gestión. Por ejemplo, hay que avanzar hacia un sistema de información que permita conocer todos las acciones de las que se está beneficiando o se ha beneficiado una persona específica, las oportunidades de apoyo que están a su disposición y aún no ha utilizado, su recorrido histórico y el grado de cumplimiento de las condicionalidades que eventualmente se le hayan establecido. Centrarnos en la persona por encima de los límites burocráticos es una condición para ser más eficientes y eficaces, y también para ser más justos. Se debe fomentar la visión unificada del beneficiario en toda su dignidad.

  • Dignidad y sentido de la vida

Las políticas sociales no son un servicio que un proveedor ofrece a un cliente. Son un esfuerzo de toda la sociedad para convertir a cada uno de sus miembros en protagonistas de su propia vida. Si bien la distribución de apoyos materiales y de oportunidades es importante, el objetivo final es construir identidad, conciencia de la dignidad personal y sentido de vida. Sólo quien ve a su propia vida como valiosa y significante tiene motivos para aprovechar los recursos y oportunidades que están a su alcance.

Una consecuencia de esta idea es que las políticas sociales deben organizarse de un modo que no genere dependencia ni asistencialismo.

Una buena política social es aquella que termina por volverse innecesaria.

Su propósito es superar la situación de vulnerabilidad mediante la creación de oportunidades y de incentivos que pongan a las personas y a las familias en condiciones de actuar con autonomía para construir su propia felicidad. Las transferencias monetarias son parte del menú de instrumentos, pero nunca deben convertirse en un fin en sí mismo.

  • Papel de la familia

Las personas no vivimos en un vacío social. Vivimos en comunidades dentro de las cuales nos desarrollamos y cultivamos vínculos.

Tal como dice el artículo 40 de la Constitución de la República, la primera y más fundamental de esas comunidades es la familia.

Cuando la familia contiene a sus integrantes y les da apoyo para desarrollar sus proyectos de vida, ninguna institución pública ni privada puede sustituirla. Todos los integrantes de la familia, en las distintas etapas de la vida y muy especialmente si se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, alcanzan mayores niveles de bienestar y reciben mejores cuidados cuando cuentan con el apoyo de su entorno familiar. Las políticas sociales no deben, por lo tanto, focalizarse en los individuos como si esos entornos familiares no existieran, sino articular con ellos y tomar las precauciones necesarias para preservarlos. Esta tarea ha de ser realizada desde una actitud de diálogo y aceptación hacia la diversidad de familias.

  • Dimensión territorial

Para la formulación e implementación de las políticas sociales, el territorio, además de soporte físico, es escenario y condicionante. El reconocimiento de diferentes realidades socio-culturales y geográficas del país, definidas por su localización y escala, implica variantes en marco institucional (niveles de gobierno, entes sectoriales) redes de actores involucrados y recursos, con derivaciones en la potencia de la intervención del Estado. No será lo mismo el abordaje de una pequeña localidad, una ciudad media, el área metropolitana o el ámbito rural.

  • Redes comunitarias

Las políticas que impulsamos proponen fortalecer a los líderes locales y a las redes comunitarias como agentes de cambio. Queremos colocar a la comunidad como protagonista del proceso de salida de la exclusión. El empoderamiento de la comunidad es una alternativa a la cultura de clientelismo asistencial, que genera lazos de dependencia entre los beneficiarios y la burocracia estatal. Nosotros apostamos a una acción pública que movilice la energía de la comunidad. Esto requiere la construcción de lazos personalizados entre referentes locales, el personal del Estado y cada uno de los beneficiarios, en un proceso que parte de un excluido y culmina en un actor social activo e integrado. Para esto es vital encontrar los liderazgos y movilizar las capacidades y competencias que existen en el territorio. También implica aprovechar el conocimiento diseminado en las propias comunidades. Nadie conoce mejor las particularidades de cada situación, las urgencias y las oportunidades que las personas y organizaciones activas a nivel local.

  • División de roles, descentralización y subsidiariedad

La ejecución de políticas sociales modernas debe distinguir entre la función de rectoría y la ejecución de programas específicos. Nadie debe ser único evaluador de su propio trabajo. Al MIDES le corresponde fijar objetivos, definir estrategias, asignar recursos según una lógica de condicionalidades y evaluar impactos, como base de acciones correctivas y de mejora. La ejecución de programas concretos debe realizarse en coordinación con los gobiernos departamentales, los municipios y la sociedad civil. Nuestra guía será el principio de subsidiariedad, que implica que la intervención pública se vuelve más sensible y eficiente cuando es realizada por el actor más cercano a los interesados. Esto implica un fuerte compromiso con la descentralización, la delegación, el asociacionismo entre actores públicos (por ejemplo, entre municipios) y la cooperación con organizaciones voluntarias. La descentralización de las políticas y la gestión local constituyen un principio básico de nuestro enfoque político. Es necesario confiar en lugar de sospechar y monopolizar, sustituyendo el modelo burocrático por un nuevo modelo de gestión que denominamos de proximidad.

  • Modelo de proximidad

No es posible interpretar la realidad a partir de un formulario, ni evaluar la pertinencia de una prestación mediante un algoritmo. Debemos estar presentes en el territorio, para que el Estado se transforme en apoyo para la superación de cada persona y del colectivo que integra.

Nos proponemos trabajar con una red de mesas territoriales conformadas por referentes locales que, actuando lectivamente, sean los verdaderos protagonistas en la distribución de los recursos, ya que su conocimiento de la realidad les permite comprender las situaciones de mayor urgencia y necesidad.

El principal papel de los técnicos será aportar su conocimiento sobre las fuentes de recursos disponibles, apoyar en materia de capacitación y buenas prácticas, realizar el seguimiento y evaluar resultados. También serán claves en el apoyo de las mesas territoriales para su normal funcionamiento. La capacitación de los técnicos en resolución de conflictos es básica para que puedan ayudar a esas comunidades en la asignación de los recursos que intermedien.

También integraremos a organizaciones sin fines de lucro, que sólo podrán recibir dineros públicos para el cumplimiento de metas específicas que estarán sometidas a evaluación, en el marco de compromisos de gestión a término. Si una organización depende de un problema social para asegurar su propia continuidad y existencia, no tendrá motivos para resolverlo. El genuino interés de las organizaciones sin fines de lucro en ser actores directos en el logro de las soluciones debe ocupar el primer lugar a la hora de evaluar el apoyo a otorgar desde el Estado, sin valoraciones ajenas a esa finalidad primordial.

El proceso de superación del individuo se ve fortalecido si es acompañado por quienes ya han transitado ese camino, conocen las dificultades y son el ejemplo tangible de que es posible salir adelante. Esta tarea estará a cargo de mentores debidamente seleccionados, capacitados y orientados.

La figura del mentor, junto con la participación directa de organizaciones de la sociedad civil en el marco de compromisos de gestión, constituyen los instrumentos principales del modelo de proximidad.

  • Transparencia y evaluación

El manejo de dineros públicos es siempre un tema delicado que requiere mucha responsabilidad. El manejo de dineros públicos que se destinan a dar apoyo a los sectores más vulnerables nos exige una cuota adicional de cuidado.

Nos proponemos aplicar una política de transparencia total, que incluya la divulgación de objetivos, metas e indicadores, así como información detallada sobre presupuesto y ejecución presupuestal. Se difundirá asimismo el Curriculum Vitae de todo el personal técnico que sea contratado, y los antecedentes de las organizaciones de la sociedad civil con las que se trabaje. La medición y divulgación de resultados se hará bajo un marco metodológico previamente acordado con OPP, que refleje la realidad sin sesgos intencionales. Aplicaremos esa metodología al escenario de partida, para poder comparar en perspectiva los resultados alcanzados.

  • Nuevo concepto de pobreza

La pobreza no consiste en la insuficiencia de recursos que permiten satisfacer necesidades básicas, sino en la incapacidad de generar esos recursos en forma autónoma, ya sea a través de empleos dignos o de emprendimientos sustentables. Una buena política contra la pobreza debe crear las oportunidades para que las familias y los individuos se vuelvan capaces de generar ingresos y establecer lazos de cooperación con el resto de la sociedad.

  • Progresividad

Parte de los problemas que enfrentan muchos programas sociales es la falta de progresividad. Los apoyos que recibe el beneficiario se interrumpen en cuanto éste obtiene un empleo, alcanza cierto nivel de ingresos o cruza algún otro límite semejante. Esto suele generar clientelas dependientes, compuestas por personas que no tienen suficientes incentivos para abandonar su condición de beneficiarios de políticas sociales. De este modo se eterniza la situación que se aspira a superar. En línea con las mejores prácticas a nivel internacional, nos proponemos desarrollar programas progresivos, que acompañen de manera realista el desarrollo de cada persona hasta lograr su autonomía.

  • Diversificación

A la hora de pensar políticas específicas, hay que separar dos grandes categorías. Hay tareas de protección social que son permanentes y están más allá de cualquier cálculo de costos: el Estado debe amparar a quienes no pueden o ya no están en condiciones de generar los recursos que necesitan para vivir dignamente. Quienes están en esa situación no sólo necesitan transferencias económicas, sino también un entorno social y cultural que les permita recuperar la autoestima y reorientar su potencial personal.

Otras políticas públicas deben ser concebidas como transitorias, porque su objetivo es poner fin a situaciones de vulnerabilidad o de dependencia que son superables. El caso central es el combate a la pobreza. Esta diversidad de situaciones implica que no hay que plantear una opción excluyente entre políticas universalistas y políticas focalizadas. Una estrategia pública de desarrollo social y humano debe incluir a ambas.

Las políticas universalistas deben abarcar la educación, la salud y la seguridad humana, desde una visión coherente e integradora. El divorcio que hoy existe entre esas políticas generales y las políticas sociales convertidas en monopolio del MIDES es parte de lo que hay que superar.

Las políticas focalizadas deben atender a situaciones específicas como la marginalidad, la población en situación de calle, las brechas generacionales, la discriminación racial o de género, o la desprotección de la población con discapacidad. Esta diversidad de situaciones requiere respuestas diferentes, pero ajustadas a un enfoque común. Ese enfoque

estará definido por la intervención temprana, la integralidad de la acción por encima de barreras burocráticas, la territorialidad, el involucramiento de la sociedad civil y el carácter dinámico de las intervenciones, que deben ajustarse a las diferentes etapas del ciclo de vida.

Los requisitos para acceder a estos programas serán definidos y aplicados en forma objetiva, asegurando el acceso a dicha información a los potenciales beneficiarios y ofreciendo medios de comunicación y trámite que contemplen la situación del público destinatario.

REORGANIZACIÓN DEL MIDES

Nos proponemos una reorganización paulatina del MIDES, que lo concentre en las tareas de rectoría (definición de objetivos, diseño de estrategias generales, financiamiento y evaluación), al tiempo que la operativa se traslada a otros ámbitos (programas sociales de gobiernos departamentales, organizaciones de la sociedad civil, organismos estatales vinculados). Todo esto supondrá desarrollar una ingeniería de convenios e instrumentos de seguimiento y evaluación, así como organizar tareas de capacitación para el personal del propio ministerio.

ACCIONES A IMPULSAR

  1. Desmontar el actual formato burocrático y compartimentado para pasar a una organización flexible, centrada en la ejecución de programas globales.
  2. Organizar la política social en un conjunto relativamente reducido de programas inter-institucionales de alto impacto, en lugar de dispersarla en una multitud de iniciativas difíciles de identificar, de controlar y de evaluar.
  3. Instalar para cada programa el principio: “un programa, un responsable”, con el objetivo de evitar ineficiencias y disolución de responsabilidades.
  4. Definir criterios claros de priorización presupuestal, de manera tal que lo que se declare una prioridad efectivamente lo sea en los hechos.
  5. Definir modalidades de cooperación y de transferencia de fondos hacia los gobiernos departamentales, para aquellos componentes de los programas asociados a las competencias municipales y en el marco de convenios específicos, con evaluación permanente de avances respecto de los objetivos acordados.
  6. Regular la participación de organizaciones de la sociedad civil, priorizando los contratos de gestión a término, la rendición de cuentas y la medición de impacto.
  7. Promover en todos los programas sociales el criterio de contraparte, como camino para fortalecer la dignidad de los beneficiarios: “No hay nadie tan vulnerable y necesitado que no tenga algo para dar”.
  8. Incorporar las orientaciones vigentes en materia de Responsabilidad Social, haciendo hincapié en la mutua implicancia y alianzas entre los distintos actores involucrados: organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos nacionales y departamentales, empresas, sindicatos, comunidades locales, etc.
  9. Generación de un modelo de auditoria de gestión que permita ver el desarrollo y la relación inversión – beneficiario. Aspiramos a desarrollar un Índice de desarrollo social, inclusión y ciudadanía, que permita evaluar impactos a lo largo del tiempo, en forma desagregada según las diferentes zonas de intervención.
  10. Definir un sistema de indicadores sociales, ajustado regularmente a las realidades evaluadas.

Posteriormente, el programa nacionalista alude a un conjunto de iniciativa en materia de primera infancia y de los adultos mayores.