PC propone multa de 100.000 UI para quienes hagan uso indebido de los lemas de los partidos políticos como forma de publicidad

Partido Colorado
José Batlle y Ordoñez

La bancada de diputados del Partido Colorado presentó un proyecto de ley que modifica la Ley Ley Nº 7.812 y plantea multa de 100.000 UI para quienes hagan uso indebido de los lemas de los partidos políticos como forma de publicidad.

El texto de la iniciativa que pasó para su estudio a la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Representantes, contiene un Artículo único.

Por el mismo, se sustituye el numeral 12 del artículo 191 de la Ley N° 7.812, de 16 de enero de 1925, incorporado por el artículo 95 de la Ley N° 17.113, de 9 de junio de 1999, por el siguiente: «El uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que lo posea legalmente, en la propaganda verbal, escrita, televisiva o por internet, escudos, carteles, sellos, membretes y toda otra forma de publicidad. Esta disposición alcanza a toda expresión o palabra impresa, y a la utilización indebida de figuras y acontecimientos, que en sí mismos y en sus denominaciones estén asociadas por razones gramaticales, históricas o políticas de forma inequívoca y exclusiva a la tradición de una colectividad o Partido Político, que evidentemente induzca a confusión de los electores. La persona, grupo o agrupación que, por cualquier medio, viole las disposiciones del presente numeral, será castigada con una multa de 100.000 (cien mil) Unidades Indexadas y con la pena prevista para este numeral en el artículo 192 de esta ley, las que serán aplicadas por la Corte Electoral». Montevideo, 29 de diciembre de 2021.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.

Desde hace casi un siglo la legislación electoral de Uruguay, más allá de los principios generales que son de aplicación, contiene disposiciones expresas que procuran la evitación de la confusión de los electores y la protección de los partidos políticos. Así en la Ley N° 7.812, de 16 de enero de 1925, el Legislador puso de manifiesto su preocupación por evitar que los votantes fueran inducidos en confusión. En su artículo 11 estableció que las hojas de votación y las listas de candidatos insertadas en ellas, deben distinguirse por la diversidad de sus «lemas» y que las hojas de votación deben reunir las condiciones de diversidad requeridas para no inducir en confusión a los votantes. Ese principio de protección a los lemas, fue afirmado de manera invariable en la jurisprudencia del Organismo Corte Electoral durante los primeros años de su actuación en el país y formulado de manera directa en las llamadas «Leyes de Lemas» de 1934 y 1939. Estas leyes, tipificaron como delito el uso indebido del lema. El artículo 4° de la Ley N° 9.378 de 5 de mayo de 1934 preceptuó: «Queda comprendido en las penalidades del artículo 191 de la Ley de Elecciones, el uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que lo posea legalmente, en la propaganda verbal o escrita, escudos, carteles, sellos, membretes y toda otra forma de publicidad. Esta disposición alcanza a toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión a los ciudadanos. La persona, grupo o publicación que viole la disposición antecedente, incurrirá en la sanción determinada por los numerales 1 y 2 del referido artículo 191, que será aplicada por la Corte Electoral». La Ley de Lemas N° 9.831 de 23 de mayo de 1939 reit eró el principio establecido en la Ley del año 1934 y agregó que ninguna agrupación partidaria tendrá derecho al uso de un lema que contenga la palabra que individualiza otro lema ya registrado, o cualquier palabra o palabras similares o cuya significación pueda ofrecer semejanza con dicho lema, ya sea por razones gramaticales, históricas o políticas. En aplicación de estas normas la Corte Electoral afirmó en Sentencia N° 23.997 dictada el 3 de junio de 1987: «La amplia protección dispensada por el Legislador a los lemas partidarios, permite afirmar que los titulares de esos lemas tienen derecho a oponerse a que otras colectividades políticas utilicen como lemas o sublemas vocablos que ofrezcan similitud por razones gramaticales, históricas o políticas con la denominación partidaria a que pertenecen. La prohibición de utilizar esos vocablos fuera del lema continuaría teniendo como fundamento la protección al lema partidario.

Ese es el sentido de la referencia a las «razones históricas o políticas» contenidas en el artículo 1° de la ley de 1939″. La inclusión en la prohibición contenida en el artículo 1° de la ley de 23 de mayo de 1939 está fundada en el hecho de que éstas denominaciones han pasado a integrar el patrimonio histórico y político de los partidos a que pertenecen. La prohibición de utilizar esos vocablos fuera del lema continuaría teniendo como fundamento la protección al lema partidario. Tal como se señala en la sentencia mencionada la conformación de este principio de protección a los «lemas»: «envuelve dos facetas de tan evidente trascendencia cívica que sería superfluo destacar su importancia: la protección de la pureza del pronunciamiento del cuerpo electoral, evitando la confusión de los votantes; e igualmente, la protección del ámbito de desenvolvimiento legítimo de los partidos políticos, impidiendo el indebido uso de los lemas reconocidos». En la historia política hay figuras, acontecimientos, que en sí mismos y en sus denominaciones están asociadas inequívoca y exclusivamente a la tradición de una colectividad o partido político, que no puede ser empleada en ninguna forma de publicidad o propaganda proselitista por otro partido político o por cualquiera que ejecute actos políticos o intervenga en procesos electorales. La consecuencia de su empleo fuera de su ámbito partidario natural sería la de inducir a confusión al electorado, porque es obvio que su utilización por agrupamientos que integran distintos partidos o intervienen en los procesos electorales, tienen consecuencias políticas diferentes, particularmente en lo que hace a la percepción de los votantes. Es por eso que desde (las primeras leyes electorales dictadas a partir del año 1925) el año 1925, la normativa electoral ha adoptado un conjunto de medidas para preservar el derecho de cada colectividad política a usar, también en forma exclusiva, las denominaciones y símbolos que por razones gramaticales, históricas o políticas deben considerarse indisolublemente unidos al lema a que pertenecen y de esta manera evitar la confusión del electorado.

Tal es el caso de las figuras de José Batlle y Ordoñez con respecto al Partido Colorado, la de Aparicio Saravia para el Partido Nacional y la de Líber Seregni con respecto al Frente Amplio. La prohibición de utilizar esos vocablos y figuras fuera del lema continúa teniendo como fundamento la protección al lema partidario. Ese es el sentido de la referencia a las «razones históricas o políticas» contenidas en el artículo 1° de la ley de 1939. No caben dudas en cuanto a la vigencia de la prohibición consagrada a texto expreso en el artículo 1º de la ley de 23 de mayo de 1939. Si existieron en cuanto a la vigencia del delito tipificado en el artículo 4º de la ley de 5 de mayo de 1934 que encomendaba a la Corte Electoral la aplicación de la sanción, que en ese aspecto habría sido derogada por la llamada ley fundamental N° 2. Esta norma se mantuvo en vigencia hasta que fue sustituida por los artículos 13°) y 14°) de la Ley Fundamental N° 2 «Orgánica de los Pa rtidos Políticos», con las modificaciones introducidas por la Ley Fundamental N° 4 promulgada el 3 de mayo de 1984. En el año 1985, el Parlamento derogó la Ley Fundamental N° 2 «Orgánica de los Partidos Políticos», con las modificaciones introducidas por La Ley Fundamental N° 4. Esta derogación trajo como consecuencia la desaparición de una norma expresa que protegiera a los partidos políticos por el uso indebido del nombre o de toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión de los electores. Sin embargo con impecable sentido jurídico, frente a esas derogaciones, la Corte Electoral sostuvo el 16 de abril de 1986 (lo que fue comunicado por CIRCULAR N°5640 ) que «el art.332 de la Constitución de la República y el art.1 de la ley de Elecciones Nº 7.812, de 16 de enero de 1925, obligan a las autoridades electorales a resolver las cuestiones que tienen relación con el sufragio, aun cuando haya silencio, oscuridad o insuficiencia en la reglamentaciones legales». «En esas condiciones corresponde recurrir a los principios generales de derecho, a los antecedentes de la legislación que organizó nuestro sistema electoral, a los precedentes sentados en la abundante jurisprudencia que refleja las prácticas electorales inveteradas y a las doctrinas generalmente admitidas para encontrar los modos de solucionar los problemas que se originan, por causa del vacío referido, en la acción cívica…» Posteriormente en la Ley Nº 17.113 de 9 de junio de 1999, al aprobarse las reformas a la Ley de Elecciones de 1925 se incorporó el numeral 12 al artículo 191 que incluye los delitos electorales en el que se tipifica como tal: «El uso indebido del lema perteneciente a cualquier partido que los posea legalmente, en la propaganda verbal, escrita o televisiva, escudos, carteles, sellos membretes y toda otra forma de publicidad.- Esta disposición alcanza a toda expresión o palabra impresa que evidentemente induzca a confusión de los electores». En la actualidad la Corte Electoral no puede perseguir penalmente la conducta ilícita prevista en la norma legal, porque su competencia en materia sancionatoria se limita exclusivamente al delito electoral previsto en el numeral 4º del artículo 77 de la Constitución. El juzgamiento de los demás delitos electorales previstos en la legislación, en la actualidad, es competencia de la justicia ordinaria. En consecuencia, en lo relacionado con los actos y procedimientos electorales, comprendiendo en ellos a las elecciones, los actos de referéndum y plebiscitos y las campañas relativas a los mismos, la Corte Electoral, frente a conductas que pueden inducir en confusión a los electores, se ha limitado a librar exhortaciones, que la experiencia evidencia que no son totalmente efectivas porque las mismas o similares conductas se reiteran y en mucho casos por los mismos infractores. Por esa razón, este legislador considera imprescindible devolverle a la Corte Electoral el poder sancionatorio que preveían las leyes para los casos en que se induzca en confusión a los electores o se vulnere la protección de los partidos políticos, y en ese sentido presenta el proyecto de ley que se acompaña.

Montevideo, 29 de diciembre de 2021.

CONRADO RODRÍGUEZ REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO.

MARNE OSORIO LIMA REPRESENTANTE POR RIVERA.

FELIPE SCHIPANI REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO.

DIVER FERNÁNDEZ REPRESENTANTE POR CANELONES.

OPE PASQUET REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO.

OMAR ESTÉVEZ REPRESENTANTE POR SALTO.

JUAN MORENO REPRESENTANTE POR PAYSANDÚ.

GUSTAVO ZUBÍA REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO.

MARTÍN MELAZZI REPRESENTANTE POR SORIANO.

MARÍA EUGENIA ROSELLÓ REPRESENTANTE POR MONTEVIDEO.

NIBIA REISCH REPRESENTANTE POR COLONIA.

JORGE ALVEAR GONZÁLEZ REPRESENTANTE POR CANELONES.

GERMÁN CARDOSO REPRESENTANTE POR MALDONADO.

Fuente Imagen: https://anaforas.fic.edu.uy/