Primer gran debate en comisión: ¿Cuáles fueron los argumentos sobre la ampliación de la legítima defensa?

legítima defensa

El artículo sobre la ampliación de la legítima defensa (protección de la víctima frente al agresor) fue el primer gran debate a la hora de votar en la Comisión Especial del Senado los artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). ¿Qué fundamentaron los legisladores?

Se pasa a considerar el artículo 1º que figura en la hoja 1 del repartido que contiene los sustitutivos.

Senador Charles Carrera (FA): No vamos a acompañar este artículo porque la forma en que se está ingresando a legislar ampliando la legítima defensa no es la correcta. Creemos que este instituto estaba bien regulado en nuestro ordenamiento jurídico e ir por este camino es un retroceso. Lo dijo el representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el Cono Sur y lo dejó muy claro en su exposición. No lo dijo solamente él, recibimos al doctor Germán Aler, que es el director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, quien también dio una opinión fundada y envió un informe. En sus palabras dijo que el doctor Irureta Goyena quizás se equivocó en muchos aspectos, pero había regulado muy bien el instituto de la legítima defensa.

Si bien, en general, nos preocupan todas las modificaciones, en particular, nos inquieta la modificación relacionada a la legítima defensa presunta. No existe evidencia –reitero, no existe ninguna evidencia– que indique de que haya que ir por el camino de esa modificación. Desde el 1º de noviembre de 2017 hasta la fecha –cuando comenzó a regular el Nuevo Código del Proceso Penal– ningún funcionario policial tuvo inconveniente a la hora de abatir un delincuente, es decir, al hacer uso del mecanismo de cumplimiento de la ley.

Es más, el año pasado –en el 2019–, se abatieron más de treinta delincuentes en manos de policías y ningún funcionario policial tuvo ningún inconveniente.

El doctor Aller, en su visita a la comisión, dejó muy claro que a los funcionarios policiales no se les aplica la legítima defensa, sino que se les aplica el instituto legislado en el artículo 28 del Código Penal, que es el cumplimiento de la ley.

Termino por aquí mi exposición. Nuestra posición es muy clara: no vamos a acompañar esas modificaciones por el mérito de lo que expuse.

Senador José Carlos Mahía (FA). A los efectos de dejar constancia, tal como acordamos inicialmente en la comisión, también vamos a votar esta disposición en contra, tal como lo hace todo el Frente Amplio. Creemos que genera no solo una discrecionalidad potencial para el uso de la fuerza, sino una situación peligrosa para la sociedad en su conjunto. A su vez, eleva discrecionalmente posibilidades que hoy no existen en la ley –que recién describía con mucha eficiencia el señor legislador Carrera–, y hacen de esta norma una de las más complejas de todo el proyecto de ley de urgente consideración.

Además, aparecen términos absolutamente vagos, como puede ser la proximidad razonable y algunas definiciones que amplían y extienden el concepto –como las terrazas, azoteas, barbacoas y los parrilleros–, generándose un ámbito que puede determinar excesos en el uso de la fuerza y en sí mismo por la definición jurídica.

Queríamos dejar planteada esta constancia porque, de aprobarse esta modificación será uno de los ejes centrales del debate y su aplicación constituirá una complejidad para la sociedad en su conjunto.

Senador Óscar Andrade (FA). Quisiera mencionar que este es un tema de muchísima sensibilidad, ya que todos pretendemos que la norma proteja a quien legítimamente se defiende y que sea sancionado quien genere o haga de esta norma un uso discrecional.

Solicito que revisemos las versiones taquigráficas de cuando compareció la Asociación Rural del Uruguay, que pidió extenderla aún más, pero con un criterio muy insólito no en el sentido de utilizar esto como legítima defensa, sino la defensa, entendida en este artículo, de la propiedad. Por lo tanto, pensaban ubicarlo en cualquier límite de la estancia.

Si bien tengo claro que nadie está de acuerdo con que un muchacho salte el alambrado y robe uvas; ahora bien, la respuesta para esta situación no puede ser un balazo en la cabeza y que la persona que lo haga quede impune.

Es claro, si seguimos la línea argumental que algunas gremiales plantearon acá, que lo establecido –según lo plantearon– los habilita. Lo dijeron claramente. Supongamos que la proximidad del alambrado es proximidad al galpón, como está escrito, y soy juez. Acá habla de proximidad en un sentido muy ambiguo. Cuando estuvo Aller, decía que no pusieron «parrillero», pero entonces podría decir que no pusieron «medio tanque», hablando en términos de la consideración de la ambigüedad que hizo el Instituto de Derecho Penal y Criminología acerca de lo específico.

Creo que no se fundamenta en una necesidad objetiva. Nadie ha podido demostrar una necesidad objetiva de cuestiones que limiten o si estamos ante una circunstancia que, vía expediente, se pueda demostrar la cantidad de personas presas por haberse defendido legítimamente. ¡No existe eso! O por lo menos nadie lo ha podido demostrar hasta ahora, en el sentido de la necesidad de corregir un tema de esta sensibilidad. Varios expertos han señalado el riesgo de introducir modificaciones de estas características y la ausencia de sus bondades. Por lo tanto, creemos que se recorre un camino que es profundamente equivocado y se dan señales que algunos actores sociales la entienden de manera equivocada. Tengo claro que quienes promueven este cambio no lo hacen para ir en la dirección del lejano oeste.

Senador Jorge Gandini (PN): Solo quiero dejar constancia de que estamos totalmente convencidos de que estos cambios son necesarios. No modifican nada, sino que se agregan a lo que ya existía, porque la situación de la seguridad de las personas también se ha modificado; creo que marca determinados límites en situaciones que deben estar bien claras y considero que se le debe dar seguridad a los que actúan en defensa de la propia, la de los suyos y la de su patrimonio cuando están en él.

Creemos que es una respuesta como tantas otras a los nuevos tiempos.

Estamos convencidos de que no violenta ningún derecho, que no es peligroso y que agrega, algo que ya es de mucha utilidad.

Senador Carlos Camy (PN):  Este artículo vamos a votarlo con total convicción; estamos convencidos de ello, después de haber escuchado las referencias que se hicieron a destacados juristas y las opiniones que mucho respetamos de quienes estuvieron en la comisión.

En esto hay que ser muy claro.

Aquí se busca introducir pautas que permitan objetivar la apreciación de la racionalidad de la defensa ante el ataque; y esto no es el llamado «gatillo fácil», sino dar preferencia a la protección legal de la víctima frente al agresor, extendiendo la denominada legítima defensa presunta.

Aquí lo que estamos proponiendo, en términos generales, es actualizar y aclarar el concepto y las condiciones de la legítima defensa, según lo previsto por el artículo 26 del Código Penal. En primer lugar, tenemos que decir con claridad que consideramos más a la víctima que al agresor delincuente. De eso se trata lo que aquí se establece. Se amplía, se aclara la redacción y el alcance del concepto, así como las condiciones a las que refiere el artículo 26 en relación a la legítima defensa. Incluso, también se han mencionado calificadas opiniones jurídicas y concretamente, en favor de estos cambios que se proyectan, hay posiciones doctrinarias, como por ejemplo las que ha tenido el doctor Amadeo Ottati, o algunas del profesor Langón, entre otros calificados penalistas que han escrito en esta dirección.

Para nosotros hay un agregado muy importante, establecido en el literal B), sobre la necesidad racional del medio empleado para repeler o impedir el daño. Este agregado, insisto, nos parece muy importante. Entendemos que hay un criterio interpretativo equivocado –por lo menos nosotros no lo compartimos–, en tanto suele hacerse una lectura incompleta, en el sentido de que se toma en cuenta que el medio empleado por parte de quien se defiende de una agresión, no solo lo es para repelerla, sino también para impedir el daño emergente de ella.

Entonces, creo que allí hay un fundamento. No queremos extendernos en esta instancia –lo vamos a hacer en el plenario–, pero estamos convencidos, en cuanto a lo que significa sumar –además del hogar y la dependencia del defendido–, en extender la legitimidad del ámbito a la actividad comercial, industrial y agropecuaria. Este es un tema que desde el año 2011 por lo menos, también se viene tratando en diversos ámbitos importantes.

Otro punto fundamental es aclarar el concepto de las dependencias, tanto en zonas urbanas, suburbanas y en zonas rurales. Nos gustaría seguir conversando sobre este tema, señor presidente, pero reitero que con mucho gusto vamos a discutirlo en el ámbito del plenario. Respecto a la presunta legitimidad de la defensa policial y de los funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional hay que ser muy claros: los funcionarios policiales son quienes nos defienden y las bandas van por ellos porque están en primera línea en defensa de la sociedad.

Senadora Amanda Della Ventura (FA): Evidentemente, estos son dos paradigmas que en otras oportunidades –y seguramente en el transcurso del tratamiento de los 501 artículos– estaremos viendo.

En realidad, considero que lo que estamos cambiando habilitaba la legítima defensa. Lo que se agrega, según entiendo, es grave en el sentido de la señal que se da, porque creo que el fondo político, de la decisión de incorporar esto, es que la gente se quede tranquila porque ahora va a poder tener armas y va a responder si viene alguien a atacarla. Sin embargo, con esa señal –la historia lo va a decir, ojalá nos equivoquemos–van a producirse, de pronto, muchas muertes. En vez de ir hacia una sociedad que se desarme, estaremos promoviendo que ella tienda a armarse más y más.

Evidentemente sabemos que la situación de la seguridad es un problema, pero creemos que esta solución tampoco va en el camino correcto.

Senador Guillermo Domenech (CA): Vamos a acompañar estas disposiciones que mantienen los elementos básicos de la legítima defensa: la agresión ilegítima, la necesidad racional del medio empleado para repelerla y la falta de provocación suficiente. Esto no autoriza el «gatillo fácil» y lo veo desde la perspectiva de la gente que muchas veces vive indefensa.

Conozco muy bien la situación, por ejemplo, del productor rural que está en su casa y ve que por la portera entra una camioneta con cinco o seis personas que se paran delante del galpón; él sabe que tiene que atenderlas, pero, como no las conoce, no puede saber si va a ser objeto de una agresión o no.

Eso, en general, no ha dado lugar al «gatillo fácil» ni lo va a dar esta disposición, pero brindará a la persona la muy relativa tranquilidad –porque sabe que no puede llamar al 911 ni al auxilio de la fuerza pública, y que está sola e indefensa–, de responder si ve que esa gente se acerca armada a su casa, con la pretensión de penetrar y agredir a su familia. Votamos esto con la más absoluta tranquilidad en tal sentido.

Respecto a la situación de los funcionarios policiales, es cierto: en los últimos meses no se ha llevado a un cierto número de funcionarios policiales a hacer efectivo algún tipo de responsabilidad penal frente a la Justicia. Nosotros tenemos serias dudas de la independencia de la Fiscalía General de la Nación y realmente no sabemos, no tenemos la certeza de que eso no responda a algún tipo de instrucción, pero tenemos que confiar en las fuerzas policiales, a las que hemos armado para repeler el delito y tenemos que darles la tranquilidad de que si tienen que intervenir van a estar apoyadas por la ley. Eso no los exime de actuar dentro de las limitaciones de la legítima defensa que ha prescripto el código con Irureta Goyena desde 1931.

En función de estas ideas vamos a apoyar estas modificaciones.

Senador Eduardo Bonomi (FA): Solo quiero dejar constancia de que lo que se agrega, modifica, porque cuando se plantea la racionalidad, aquí se establece: «deberá ser apreciada con prescindencia de que no haya existido o ya hubiera cesado una agresión física a la persona que se defiende». Esto modifica sustancialmente el concepto anterior de legítima defensa.

Además, va a crear un problema respecto a qué se entiende por legítima defensa respecto a lo patrimonial.

El criterio que manejó el señor senador Andrade como hipótesis, ya fue realidad. Por ejemplo, cuando muchachos de barrio fueron jugar al fútbol y robaron uvas, hubo un muerto y procesados, porque no parece ser razón suficiente balear a quien se está llevando uvas. Un criterio lo va a establecer el que tira y otro criterio lo establecerá el juez; entonces, habrá problemas.

Insisto: esto modifica sustancialmente; por eso, entiendo que lo que se agrega, modifica.

Senador Carrera (FA): Queremos dejar bien clara nuestra posición con el fin de aclarar las versiones taquigráficas. Aquí se dijo: «respaldamos más a la víctima que al agresor delincuente». Nosotros estamos para apoyar todas las medidas que sean en la lucha contra la delincuencia, pero en ese camino no podemos perder garantías, porque de ese modo, las garantías las vamos a perder todos los habitantes. Queremos que quede claro.

Senador Andrade (FA): En la misma dirección hay una línea argumental que defiende la ley tal como está, y hay cambios que son radicales, que no se encuentran en la ley original y sí ahora.

Entiendo que es difícil sostener que no se corra el riesgo de «gatillo fácil» cuando se coloca por encima de la vida, la defensa de acciones que son patrimoniales, y cuando además se hace con una norma muy ambigua; insisto, muy ambigua. ¿Cuánto es proximidad para habilitar que no se deba tener en cuenta los tres literales primeros? Porque ni la agresión legítima, ni la necesidad racional del medio empleado ni la falta de provocación suficiente corren, en lo que están votando ahora y que nosotros votamos en contra. Dice: «Se entenderá que concurren estas tres circunstancias», es decir, que concurren de hecho, de facto, cuando se tenga proximidad con inmediaciones o galpones, mientras que la norma actual dice «casa habitada». El cambio es radical.

Si ese cambio radical lleva dolorosamente –tal como pronosticamos– a una circunstancia de justicia por mano propia –o no–, de eso va a depender la vida. Los responsables serán quienes voten afirmativamente este cambio; no hay duda.

Presidente (Gustavo Penadés): Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la hoja 1, que contiene el artículo 1.º del proyecto de ley.

(Se vota).   –8 en 15. Afirmativa.

Fuente Imagen: tn23.tv.