Proyecto del FA sobre titularidad de la banca: Evitar perforar la Constitución, estafar voluntad del Cuerpo Electoral, debilitar partidos y eventual corrupción

Parlamento

Desde la restauración democrática, primero fue el diputado Carlos Pita quien se pasó del Partido Nacional al Frente Amplio, y luego sucedieron otros, como en la legislatura pasada en caso inverso, con Jorge Saravia retornando al Partido Nacional, siendo los últimos, en esta legislatura, con los colorados Daniel Bianchi y Guillermo Facello pasando al Partido de la Gente de Edgardo Novick, camino que también recorrió el nacionalista Daniel Peña.

A los efectos de evitar estas circunstancias y las que debió soportar el año pasado cuando Gonzalo Mujica se rebeló y votaba junto a la oposición hasta que renunció, el Frente Amplio presentó un proyecto de ley relativo a la titularidad de la banca.

¿Cuál es la exposición de motivos?

El proyecto de ley con exposición de motivos fue presentado en octubre de 2017 por los senadores del Frente Amplio, Patricia Ayala, Graciela García, Constanza Moreira, Daniela Payssé, Michelle Suárez y Mónica Xavier, Saúl Aristimuño, Charles Carrera, Daniel Garín, Rafael Michelini, José Mujica, Marcos Otheguy y Enrique Pintado.

La presente propuesta legislativa tiene por objetivo garantizar la correspondencia que debe existir entre la voluntad del Cuerpo Electoral, que se expresa en las elecciones nacionales y la representación parlamentaria dimanante de dicha voluntad.

Nuestra Constitución indica que la Soberanía radica en la Nación (Artículo 4°), la que puede ser ejercida directamente por el Cuerpo Electoral, en elecciones (Artículo 82 inciso 2°), en las reformas constitucionales (Artículo 331) y en referéndums (Artículo 79 inciso 2°) e indirectamente, por los “Poderes representativos”, y “todo conforme a las reglas expresadas en la misma” (Artículo 82 inciso 2°).

Los “Poderes representativos” son los poderes de gobierno. A nivel nacional, los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Y son representativos, pues representan la voluntad del Cuerpo Electoral expresada en las elecciones, es decir, sus integrantes son electos por el voto del Cuerpo Electoral, aspecto que se verifica en su máxima expresión en el caso del Poder Legislativo, aunque también lo hace, y no con menor importancia, en el caso del Poder Ejecutivo con la elección del Presidente de la República.

Por lo tanto, el legislador, considerado en su dimensión de representante político, está sometido a las normas y principios de la Constitución de la República y a los derechos primarios de sus electores (Luigi FERRAJOLI, Principia iuris, Teoría del derecho y de la democracia. 1. Teoría del derecho, Ed. Trota, 2011, pág. 711 y ss.).

Por mandato constitucional, la elección de los legisladores que integran el Poder Legislativo, y del Presidente de la República, reposa en el sistema de partidos políticos. En primer lugar, la Constitución reconoce expresamente a los partidos políticos como una de las bases a través de la cual el Cuerpo Electoral debe expresar su voluntad en las elecciones, reconociendo incluso, los programas de principios de los partidos, que contienen su propuesta única de gobierno (Artículo 77 numeral 12).

En segundo lugar, en el acto eleccionario, cada partido político debe presentar en una única hoja de votación, sus candidatos únicos a Presidente y Vicepresidente, junto 1 con una nómina ordenada de candidatos a ambas Cámaras (Artículos 77 num. 9 inciso 2º y 151 inciso 1º), lo que tiene dos consecuencias: por un lado, que el elector no puede elegir el candidato a Presidente de un lema partidario y a los candidatos a senadores y representantes de otro lema; y por otro lado, al elegir a sus candidatos a representantes y senadores debe hacerlo en el orden de prelación que le es dado por el lema partidario. Lo indicado significa que, preceptivamente, el elector al emitir su voto, debe actuar con una unidad de acción hacia un lema partidario.

En tercer lugar, particularmente, el sistema de elección de todos los legisladores, representantes y senadores, reposa sobre la representación proporcional integral según los votos emitidos en favor de cada lema partidario (Artículos 77 num. 3º y 88 para la Cámara de Representantes, Artículos 95 y 96 para la Cámara de Senadores).

A su vez, el Artículo 79 de la Carta prevé que “… la acumulación de votos para cualquier cargo electivo, con excepción de los de Presidente y Vicepresidente de la República, se hará mediante la utilización del lema del partido político”.

Todo esto significa, que el elector emite su voto a una de las listas de candidatos preordenada que propuso el partido político y no a cada candidato individualmente.

Por lo que, finalizada la elección, se computan los votos por cada lema –e internamente dentro de sus sectores-, lo que permite arribar a la cantidad de candidatos que serán legisladores por cada lema –y por cada sector dentro de este-.

Los países que tienen consagrado en sus Constituciones un sistema de partidos políticos, y particularmente, los que tienen un sistema de representación proporcional de los partidos en su Poder Legislativo, como es Uruguay, revisten en muchos casos situaciones que desvirtúan la voluntad ciudadana.

Más allá de variantes, este fenómeno se verifica cuando un legislador, que accedió a una banca por haber integrado la lista o una de las listas de candidatos presentadas por un partido político en la elecciones, abandona dicho lema partidario durante el transcurso de la legislatura o incluso antes de iniciarse la misma, adhiriendo, de modo circunstancial o permanente, a otro partido con o sin representación parlamentaria, o incluso conformando otro partido.

Se desnaturaliza el sistema jurídico – político representativo, posibilitando la modificación de la representación proporcional parlamentaria determinada por la voluntad del Cuerpo Electoral en las elecciones, sin pasar por otra instancia electoral, lo que perfora el sistema consagrado en la Constitución, estafa la voluntad del Cuerpo Electoral y debilita el sistema de partidos e incluso favorece la ocurrencia de eventos de corrupción, entre otras cuestiones mencionadas por la literatura en la materia.

Intentar resolver esta situación dañina para el sistema consagrado en nuestra Constitución, no significa afectar la libertad de pensamiento y de expresión del legislador garantizada por los Artículos 29, 112 y otros concordantes de la Constitución, pues no implica coartar al legislador en cuanto a la posibilidad de pensar y opinar, en casos puntuales, de modo disidente a su partido y expresarse de tal modo, sino paliar un comportamiento que repugna la expresión del Cuerpo Electoral, que manifiesta la voluntad de la Nación y sobre la cual reside la Soberanía.

  1. IDENTIFICACIÓN DE UNA SOLUCIÓN JURÍDICA. Dado que las bases de nuestro sistema residen en la Constitución, situaciones como las descriptas deben paliarse a partir de las herramientas y límites que establece la propia Carta Magna. En adición a lo expuesto, es evidente que las medidas a adoptar al respecto, recaen necesariamente sobre la persona de los legisladores, quienes tienen un estatuto previsto en la Constitución en cuanto a derechos, incompatibilidades, prohibiciones y a causales para su cese, que también debe ser considerado y respetado. Dicho esto, la solución a la que pueda arribarse por vía de Ley, debe extraerse del texto constitucional. El Capítulo V de la Sección VI de la Constitución, prevé las prohibiciones y las incompatibilidades comunes de Senadores y Representantes. El Artículo 124 dispone que los Senadores y Representantes no podrán durante su mandato: (1º) Intervenir como directores, administradores o empleados en empresas que contraten obras o suministros con el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, Servicios Descentralizados o cualquier otro órgano público; (2º) Tramitar o dirigir asuntos de terceros ante la Administración Central, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados.

El inciso 2° agrega como consecuencia: “La inobservancia de lo preceptuado en este artículo importará la pérdida inmediata del cargo legislativo”. 3 Seguidamente, el Artículo 125 dispone que la incompatibilidad dispuesta por el inciso 1° del Artículo 122, alcanza a Senadores y Representantes hasta un año después de la terminación de su mandato, salvo expresa autorización de la Cámara respectiva.

Finalmente, arribamos al Artículo 126 de la Constitución: “La ley, por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara, podrá reglamentar las prohibiciones establecidas en los dos artículos precedentes o establecer otras, así como extenderlas a los integrantes de otros órganos”. Por precepto del Artículo 126, la Constitución delega en el Poder Legislativo la posibilidad de establecer prohibiciones a los Senadores y Representantes, a través de una Ley sancionada por mayoría absoluta de votos del total de componentes de cada Cámara. La violación, por parte del legislador, de la prohibición que se disponga por esta vía, prevista por nuestra Constitución, podrá movilizar los mecanismos que emergen de los Artículos 93, 102 y 115 de la Carta.

Finalmente, corresponde mencionar que los Artículos 114, 115 y 116 de la Carta prevén causales específicas de remoción de los legisladores (juicio político, desorden de conducta, imposibilidad física o mental superviniente, indignidad de su cargo) y causales genéricas de producción de vacantes en cada Legislatura (“por cualquier motivo”).

Dentro de este marco, se emite la siguiente propuesta legislativa.

Fuente Imagen: Parlamento. www.parlamento.gub.uy