PS: Proyecto LUC Desestatizador, Antipopular, Represivo y Concentrador, típica expresión de neoliberalismo autoritario

PSU

¿Cuáles son las Conclusiones a las que arribó el Partido Socialista (PS) sobre el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC): “lo hemos caracterizado como Desestatizador, Antipopular, Represivo y Concentrador (D.A.R.C) es decir una típica expresión de neoliberalismo autoritario”.

Estas son las Conclusiones:

“El PLUC se inscribe dentro de una estrategia de restauración liberal y conservadora en nuestro país, luego de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, con aciertos y errores, pero signados por transformaciones políticas, económicas y sociales democratizadoras. La orientación restauradora del actual gobierno se refleja en este grosero proyecto de ley urgente, que aborda en simultáneo diversas temáticas en alrededor de 30 áreas de políticas públicas distintas.

La derecha y las clases dominantes que ella expresa, son conscientes de que a los cambios estructurales realizados no se los puede derribar con el mero hecho de acceder nuevamente al gobierno nacional. Es por eso, que ante tan difícil apuesta optan por llevar adelante su programa de gobierno a través de una vía claramente inconstitucional, haciendo un chicle la institución de la ley de urgente consideración prevista en nuestra carta magna.

Para avanzar en su propuesta restauradora será necesario pegar en el núcleo duro de la capacidad de transformación social de la izquierda y apuntar hacia los movimientos sociales. Las relaciones sociales    que han evolucionado a favor de la clase trabajadora en los últimos años, serán el objetivo principal de la alianza conservadora, hoy más envalentonada que nunca. Junto al adalid del conservadurismo puro y duro, representante de las corporaciones agroexportadores expresado en el herrerismo, se ubica ahora a su derecha un peculiar socio que expresa explícitamente los intereses de la corporación militar. Es así que intentarán golpear fuertemente a los sindicatos de trabajadores para limitar nuestro poder de respuesta ante el ajuste económico estructural que ya han comenzado a anunciar públicamente.   

Como se construye el PLUC abriría todo un nuevo capítulo, pero sólo debemos decir aquí que no es fruto de la improvisación, sino quizás de la acumulación de proyectos de ley frustrados durante la era progresista y de la ingeniería pensada para desandar años de transformaciones sociales, económicas y políticas.

El PLUC prevé una norma para disolver manifestaciones, otra que restringe al derecho de huelga y finalmente otra que ilegitima el piquete como medida de protesta (incluso al piquete de huelga). 

Es así que se abona el terreno para realizar un ajuste económico y maniatar a la clase trabajadora para que la movilización social no surta su efecto y los planes restauradores tengan menos escollos. Sobre algunas de estas normas se han referido antecedentes vinculados a decretos o acciones durante los gobiernos del Frente Amplio. Al respecto, además de señalar las diferencias, tanto entre las normas vigentes y las propuestas como de contexto para los derechos y conquistas de la clase trabajadora, vale recordar que la posición de nuestro Partido ha sido coherente. Como ejemplo mencionamos nuestra oposición pública al llamado decreto “antipiquetes” en el año 2017 expresada incluso en una declaración de nuestro Comité Central, así como las declaraciones también públicas de nuestros referentes ante algunos episodios relacionados. Una consideración similar cabe respecto de algunas de las críticas que realizamos al capítulo de seguridad al que nos referiremos a continuación.

Cuarta parte prácticamente del articulado total refieren a la seguridad pública. Esta sección posee una lógica fuertemente punitivista y represiva y va en contra de la evidencia que surge de todas las experiencias comparadas. El endurecimiento de penas planteado en algunos casos parece muy desigual. Por ejemplo se es más duro con el micro tráfico de drogas, logrando alimentar el círculo vicioso de que con el pequeño traficante en prisión, el hogar, probablemente con jefatura femenina, trafique para subsistir, mientras el delincuente se perfecciona en la cárcel para cometer el día de mañana además de este, otros delitos. Por otro lado si bien se establecen penas más altas para los delitos denominados sexuales, olvidamos la imprescriptibilidad reclamada por organizaciones feministas para aquellos delitos sexuales a la infancia, delitos que pocas veces se denuncian de inmediato. Por otro lado la ampliación de la legítima defensa le dice implícitamente al ciudadano que al no poder el Estado protegerlo eficazmente de la inseguridad, debe protegerse el mismo, armándose y disparando eventualmente en determinadas circunstancias con todo lo que ello implica. Finalmente y como frutilla del postre se incluye una disposición que habilita a pasivos policiales y militares el porte de armas, cuando no sólo están totalmente desagiornados, sino que tampoco están sometidos a jerarquía por estar justamente jubilados. 

Varias normas vinculadas a la actuación policial, fundamentadas en el combate a la delincuencia, afectan garantías fundamentales para el conjunto de la ciudadanía.

En educación, concentran el poder de decisión en el Poder Ejecutivo, desandando el histórico proceso de generación de autonomías y participación social en la educación pública. A su vez se modifica arbitrariamente y por fuera de los canales de negociación colectiva al Estatuto del Funcionario Docente y finalmente se establece un combo de medidas que buscan claramente debilitar al sistema educativo público a favor del sector privado, y promover una concepción de la educación basada en competencias, pensada desde el mercado, en continuidad con la mirada privatizadora.

En economía, se introduce una regla fiscal que es innecesaria pues Uruguay ya cuenta desde 2007 con una regla fiscal que es el tope de deuda (ley 17947). Esta propuesta aparece fuera de contexto pues se realiza en un momento de necesidades de expansión del gasto y cuando la mayoría de los países que la tienen las flexibilizan para amortiguar el impacto presente y futuro de la pandemia. Es esperable que la regla tenga también fuertes efectos restrictivos no solo para paliar las consecuencias de la pandemia sino para seguir ampliando los procesos de inclusión.

PS 90En el capítulo económico de desmantela también la estructura de inclusión financiera. Se vuelve a lógicas de supuesta igualdad entre el poder de negociación del trabajo y el capital y con ello es claro que una vez más el proyecto y la política pública se inclina a defender interés del capital y subsumir al trabajo. Y también es evidente que promueve    la informalidad, la evasión y pone en riesgo la transparencia del país en términos de lavado de activos.

Uno de los embates más fuertes es aquel que se hace sobre las empresas públicas, como otrora lo hicieron en la década de los años `90 los gobiernos con este mismo signo neoliberal. Es quizás aquí donde el FA y el movimiento popular en su conjunto logran sus mayores conquistas durante la discusión parlamentaria aprovechando desacuerdos dentro de la bancada oficialista para frenar algunos artículos privatizadores. Es así que el uso por parte de agentes privados de la infraestructura de ANTEL y la desmonopolización del mercado de combustibles, quedan en principio    por el camino, al quitarse o transformarse la redacción original en el proyecto de ley. No podemos descartar que el gobierno insista con este tipo de propuestas más adelante.

En el apartado anterior y en lo referido a la “Eficiencia del Estado” advertimos un estilo de gestión neogerencial, lo que implica básicamente gestionar el Estado como a una empresa privada. Este modelo de gestión está ligado a un determinado tipo de Estado que se persigue desde la administración, un Estado de sesgo neoliberal y concentrador .En concreto y en lo que refiere a los funcionarios públicos y el servicio civil, debe destacarse la flexibilización de las normas de redistribución de funcionarios en sintonía con el artículo 4 del decreto 90/2020, en cuanto al llenado de vacantes y la restauración de la figura del delegado sectorial de la ONSC, que puede devenir en la designación de comisarios políticos en diferentes organismos. Sin embargo se logró revertir la disposición de realizar traslados compulsiva y discrecionalmente de funcionarios públicos, así como un artículo que habilitaba reestructuras por fuera de las leyes presupuestales. Se observa claramente una ausencia de referencias y de uso efectivo de los ámbitos de negociación colectiva para la confección de estos artículos.

La sección dedicada al agro no hace otra cosa que contribuir a reforzar la histórica matriz concentradora y centralizadora de la riqueza y recursos de poder en el núcleo de la oligarquía ganadera.

En sintonía con lo anterior se debilitan las políticas de colonización con una lógica fuertemente privatizadora. Se logra si revertir desde el FA durante la discusión parlamentaria aquellos aspectos referidos a la prohibición de que sociedades anónimas al portador puedan ser propietarias de tierra y también aquellas normas que buscaban quitar la autorización previa del Instituto Nacional de Carnes (INAC) en la habilitación para la exportación, así como también su intervención en el abasto interno.

Una llamativa disposición en la sección referida a las políticas de vivienda, es la de la posibilidad de alquilar sin garantía. Una norma “tribunera” pero que tiene una fuerte contrapartida que los legisladores del FA han bautizado con el nombre de “desalojo express y que rige tanto para el que alquila sin garantía como para aquel que la tiene. Esta norma implica un desalojo en 5 días para un mal pagador y en 30 días para los buenos pagadores, en lugar del año con el que se cuenta actualmente.

Con el fin de ser exhaustivos con los grandes temas que toca el PLUC, pero sin detenernos en las particularidades mencionadas en el desarrollo de este documento, vamos a repasar algunas otras áreas importantes en las que se pretende impulsar ciertas reformas. Estas reformas lejos están de ser integrales y se manifiestan en forma de manchas. Se establecen cambios en las áreas de la salud, inteligencia, las políticas sociales, las políticas del niño y el adolescente, la seguridad social y el código civil. Finalmente bajo el título de “Otras disposiciones” se abordan tres temas bien distintos. En primer lugar una norma anitipiquete de la que ya hablamos más arriba; por otro lado una norma de portabilidad numérica tendiente a beneficiar a las empresas privadas de telefonía y finalmente modificaciones al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).En este último caso se involucra a los gobiernos departamentales en la decisión de declarar una área natural como protegida y creemos se puede anteponer el interés local, e incluso el particular, al interés público nacional.

Al proyecto lo hemos caracterizado como Desestatizador, Antipopular, Represivo y Concentrador (D.A.R.C) es decir una típica expresión de neoliberalismo autoritario.

A este modelo la espera por una lado la movilización social en general y por otro lado una fuerza política comprometida con las causas políticas y sociales populares.

La lucha no termina, ni se agota el día que el PLUC salga en forma de ley del parlamento, la lucha recién comienza.

A los efectos del seguimiento del debate parlamentario sobre el proyecto de LUC y la elaboración de este documento, la Comisión Ejecutiva Provisoria del Partido Socialista – designada por el Comité Ejecutivo Nacional para cumplir las funciones cotidianas de conducción durante la emergencia sanitaria por COVID 19 - conformó el grupo asesor mencionado en la introducción, integrándolo por las siguientes compañeras y compañeros: Carla de Mello, Elena Cuadrado, Favio Fernández, Felipe Matontte, Gustavo Benítez, Ignacio Diperna, Karina González, Leonardo Pereyra, Liliana Queijo, Martín Buxedas, Mauricio Zunino, Oscar Aguirre, Patricia Peralta, Paula Enciso y Santiago Acuña.

En el transcurso de la discusión recibimos insumos de varias agrupaciones temáticas del Partido. También se tuvieron en cuenta diversos aportes de otros colectivos sociales y políticos y se recibieron elaboraciones de los compañeros Claudio Alonso, Ernesto Salaverría y Jose Freitas, que realizaron contribuciones relevantes para algunos capítulos del documento.

La coordinación del grupo asesor y de la articulación del documento estuvo a cargo del compañero Ignacio Diperna. La dirección política del proceso a cargo del propio Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Ejecutiva Provisoria y un grupo político especial sobre el PLUC, integrado por las/os titulares de la Bancada Parlamentaria Socialista y varias Secretarías Nacionales del PS”.