¿Qué hacer con el lugar en dónde más se violan los DDHH? El ambicioso plan de Luis Lacalle Pou para las cárceles

cárceles Uruguay

Muchos ciudadanos se preguntan qué piensan hacer los políticos y el eventual próximo gobierno con las cárceles, un lugar sumamente crítico, en donde se entremezclan sentimientos y pasiones sobre justicia, castigo, rehabilitación, en síntesis, una parte central del proceso de la mejora de la seguridad ciudadana.

El programa del precandidato presidencial, Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) aborda este asunto y propone un ambicioso plan para su mejora bajo la premisa que contribuye a la seguridad humana. 2019.com.uy informa sobre su contenido.

Allí establecen que es necesario “una imperiosa reforma profunda del sistema carcelario, que convierta a los establecimientos penitenciarios en auténticos lugares de rehabilitación y no en escuelas del delito. Esto requerirá mejorar la infraestructura (más cárceles de menor tamaño), pero también exigirá desarrollar programas que combinen la atención sanitaria (incluido el tratamiento de adicciones), la educación formal y una capacitación laboral que facilite la reinserción de las personas liberadas”.

Asimismo, “en los establecimientos destinados a menores de edad, es necesario crear comunidades terapéuticas que hagan un abordaje integral de la problemática de cada joven. Realizar este conjunto de esfuerzos es una exigencia moral, porque las cárceles son hoy el lugar donde más se violan los derechos humanos en Uruguay. Pero además es una condición para volver a tener una convivencia segura”.

Las propuestas concretas.

*Auditoría completa del sistema penitenciario antes de fines del año 2020, para la determinación del estado en que se encuentra en lo referente a la seguridad penitenciaria y al tratamiento técnico de las personas privadas de libertad.

*Creación de un Servicio Penitenciario Nacional bajo la forma de servicio descentralizado, encargado de la elaboración y ejecución de la política penitenciaria, que reúna y ejecute las funciones actualmente asignadas al Instituto Nacional de Rehabilitación y la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. El servicio se vinculará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior.

*Sustitución del Decreto Ley N° 14.470 por una Ley Orgánica Penitenciaria que refleje los principios del moderno Derecho Penitenciario, y que contemple la normativa de fuente nacional e internacional en la materia.

*Creación de un cuerpo profesional penitenciario, con un estatuto especial que determine el conjunto de derechos y obligaciones aplicables a los operadores del sistema (tratamiento, seguridad, y administración), y establecimiento de la carrera profesional penitenciaria, con rango y nivel equivalente al policial.

*Creación de 500 cargos de guardias penitenciarios en la Ley de Presupuesto Nacional, con el fin de restablecer la autoridad y el dominio operacional en todas las unidades penitenciarias; fomento, en todos los actores del sistema, de la toma de conciencia respecto de la importancia de la seguridad penitenciaria como base, fundamento y garantía de las tareas técnicas tendientes a la rehabilitación de las personas privadas de libertad.

*Diseño y aplicación, durante el primer año de gobierno, de una política de fiscalización estricta sobre todos los vehículos y personas que ingresen y egresen de las unidades penitenciarias, sin límite de cargo, función o jerarquía, a los efectos de prevenir y evitar el ingreso de armas, drogas, dispositivos de comunicación y cualquier otro objeto o sustancia prohibida.

*Fortalecimiento del Instituto Nacional de Criminología como espacio institucional responsable del tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad, de conformidad con el perfil psicosocial de cada individuo, y a través de la evaluación, asesoramiento técnico y elaboración de insumos para la toma de acciones por todos los actores con capacidad de decisión que intervienen en la administración de la justicia penal.

*Creación de un organismo de atención integral al Operador Penitenciario, cualquiera sea su función, basado en modernas técnicas de abordaje en materia de seguridad y salud ocupacional, que incluya la contención en situaciones de crisis y el tratamiento del estrés en cualquiera de sus formas.

*Reimplantación de la especialidad de Policía Penitenciaria en todas las instancias y escalas de la formación profesional policial.

*Creación legal de la figura del “joven adulto” dentro de la clasificación de las personas privadas de libertad, los que deberán ser alojados en unidades penitenciarias diferenciadas, separadas e independientes de los establecimientos para adultos. En su tratamiento se pondrá particular empeño en la enseñanza obligatoria, en la capacitación profesional y en el mantenimiento y afirmación de los vínculos familiares.

*Inclusión del núcleo familiar dentro de los programas de trabajo técnico para la rehabilitación de las personas privadas de libertad, a fin de fortalecer los lazos familiares. Restablecimiento de la Oficina de atención a la familia en la órbita del Servicio Penitenciario, con una filial en cada unidad penitenciaria.

*Establecimiento de rutinas diarias de actividades para todas las personas privadas de libertad, a fin de eliminar el ocio compulsivo.

*Reestructura organizacional y funcional de las unidades penitenciarias con

capacidad superior a quinientas plazas, subdividiéndolas en espacios material y funcionalmente gestionables, y acordes a las directrices internacionales en la materia.

*Creación de un Consejo de Política Criminal y Penitenciaria que integre a jueces, fiscales, policías, defensores, autoridades del sistema penitenciario y autoridades del sistema penal juvenil, a fin de fijar las orientaciones generales de la política criminal y de gestión de la privación de libertad.

*Construcción del hospital penitenciario y extensión de los servicios de ASSE a todas las unidades penitenciarias del país.

*Diseño y aplicación de programas integrales de salud para la población privada de libertad, para el abordaje sistemático y tratamiento de las adicciones, tuberculosis, VIH/SIDA y patologías mentales.

*Atención a las madres que se encuentran privadas de libertad junto a sus hijos, asegurando el pleno goce y ejercicio de sus derechos.

*Creación de un sistema de formación inicial y capacitación permanente para los funcionarios penitenciarios, policiales y civiles, haciendo énfasis en la prevención y la resolución pacífica de conflictos de convivencia. La formación contemplará adecuadamente las particularidades de la reclusión femenina.

*Creación de mecanismos eficaces de auditoría interna en todas las unidades penitenciarias, con el fin de optimizar el rendimiento de los recursos, en particular, la distribución de alimentos, el suministro de medicamentos, y la asignación de cualquier producto destinado a la satisfacción de necesidades básicas.

*Desarrollo de programas de justicia restaurativa en el sistema penal juvenil y en el sistema penitenciario, a fin de favorecer la reinserción del liberado y de aumentar la sensibilización hacia la sociedad.

*Respaldo a la actuación del Comisionado Parlamentario Penitenciario, observando el cumplimiento de los plazos establecidos en el Art. 4° de la Ley N° 17.684 y la plena vigencia de los instrumentos previstos en dicha norma.

Fuente Imagen: elmundo.es (Presidencia).