Adrián Peña y titularidad de las bancas: Que comprenda a los legisladores departamentales además de los senadores y representantes

Destacado Partido Colorado
Adrián Peña

El secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña fue uno de los participantes de la sesión del día 27 de junio de la Comisión Especial de Partidos Políticos, Financiación y Publicidad del Parlamento que analiza el proyecto sobre la titularidad de las bancas.

En dicha ocasión, Peña sostuvo que en caso de prosperar la iniciativa comprenda también a los ediles (legisladores departamentales), además de los senadores y los representantes.

Enrique Pintado (Presidente). “Habiendo número, está abierta la sesión.

Recibimos al secretario general del Partido Colorado, señor Adrián Peña, como una de las invitaciones hechas por la comisión.

El proyecto que está a consideración de la comisión fue presentado por la bancada del Frente Amplio y refiere a la titularidad de la banca, tema discutido durante mucho tiempo por los partidos, que han tomado distintas posiciones; incluso, algunas convicciones no tienen respaldo en las atribuciones. Se ha dicho que la Corte Electoral interpretaba que las bancas eran de las personas, pero nunca existió un pronunciamiento de la Corte Electoral en uno u otro sentido.

Tuvimos la comparecencia muy oportuna y muy ilustrativa para todos nosotros del catedrático doctor Correa Freitas y ahora estamos recogiendo las opiniones de los partidos. Lo más importante para nosotros –esto va como advertencia– es el tema de fondo y no tanto el instrumento que elegimos para resolverlo; de repente no es el mejor y estamos sujetos a cambiarlo. Queríamos conocer la opinión del Partido Colorado al respecto. Sin más trámite, cedemos el uso de la palabra al secretario general del Partido Colorado, señor Adrián Peña.

Adrián Peña. Gracias por la invitación para manifestarnos sobre este tema.

La primera aclaración que quiero hacer es que lo que vamos a presentar y a comentar no es una resolución partidaria. Desde el punto de vista institucional, el tema no ha sido tratado a nivel del Comité Ejecutivo Nacional ni ha sido aprobado por la convención, que es lo que necesitan en nuestro partido los asuntos de estas características. Hechas esas salvedades y aclaraciones, haremos algunas consideraciones generales.

Como bien decía el presidente, este es un tema de vieja discusión, de larga data y, además, sensible y polémico, por lo que va a requerir un estudio pormenorizado. Nos parece que, en líneas generales y al leer la exposición de motivos, uno no puede menos que coincidir en parte con el espíritu que se manifiesta en lo que tiene que ver con el cuerpo electoral, el pueblo y los ciudadanos, en los que, a través del voto, radica la soberanía de la nación. Luego –es muy importante destacarlo– todo el sistema se apoya en los partidos políticos. Esas son cosas en las que debemos coincidir y me parece que todos vamos a estar contestes en defender a los partidos políticos como fundamentales para la defensa de la democracia y, sobre todo, del sistema republicano. Por eso considero que todo aquello que venga a fortalecer a los partidos y a mejorar su funcionamiento debe ser bienvenido.

También es cierto que el funcionamiento puede verse afectado en la medida en que se den los hechos que se señalan en la exposición de motivos: que los partidos pierdan la representación obtenida en las urnas por las fugas de bancas de un partido a otro. Eso puede afectar en algún punto la representación proporcional y del sistema, por lo cual esa situación se puede configurar.

Esto se ha dado de manera notoria en el último tiempo. Al respecto, quiero aprovechar esta oportunidad para comentar un hecho que se dio en el departamento de Canelones y que denunciamos porque nos pareció grave. Voy a hablar sobre esa situación a modo de anécdota, pero también de denuncia de ciertas cosas que están pasando, no solo en el ámbito parlamentario nacional sino también en el departamental.

Hay un partido nuevo que hoy tiene legisladores, pero aún no ha pasado por las urnas. El año pasado, durante la gestión del presidente anterior, se le reconoció a ese partido una bancada y se solicitó un funcionario en comisión para que trabajara con legisladores que no fueron elegidos por ese partido político. Ese hecho nos pareció grave e inédito; por suerte, hasta ahora no se dio en ninguna otra parte del país. El presidente de la Cámara de Representantes, Mahía, pidió un informe a jurídica de dicha cámara y, como consecuencia, ese partido hoy no tiene bancada ni funcionarios, y tampoco el tratamiento que reciben los demás partidos políticos. Esto parece lógico porque ese partido no compareció en elecciones nacionales ni departamentales hasta el momento. Sin embargo, desde nuestro punto de vista hubo un claro error en este sentido. La decisión de la gente que eligió ediles a través de un partido se ha visto claramente dañada al concederles derechos a quienes no fueron electos por esa colectividad.

Es una materia en la que saludamos el estudio y el análisis, en principio, porque estamos ante temas importantes y recurrentes. Con relación al proyecto, consta de cuatro artículos y, desde ya, decimos que a nuestro juicio la redacción es un poco compleja y tal vez sería deseable llegar a un mejor producto en lo que tiene que ver con el texto para considerar con mayor detenimiento las observaciones que pueda merecer. La idea es tratar de mejorar el proyecto en primer término para ver si estamos de acuerdo en las cuestiones generales y después pasar a las particulares. Digo esto porque este tema, que por su contenido de fondo va a ser polémico, también lo va a ser –lo comentábamos con el señor senador Mieres cuando veníamos para acá– desde el punto de vista del análisis de su constitucionalidad.

Quiero poner en conocimiento de la comisión que, en lo personal, pedí dos informes a diferentes asesores en materia de derecho constitucional y ambos resultaron contradictorios. En esos informes que pedí hay dos visiones. Uno de los informes establece con fuerza que el proyecto es inconstitucional por razones que se fundamentan y el otro dice que el artículo 126 abre la posibilidad de que esto se regule a través de la ley. En realidad, el artículo 126 determina la posibilidad de la ley, pero no para este tipo de casos, sino para otros similares a los que establece el artículo 126. Se entiende que el espíritu del constituyente fue otro y no el de generar la posibilidad de que a través de la ley se establezcan prohibiciones de este tipo.

Por lo tanto, advierto que, desde esta materia y según los diferentes análisis, vamos a tener más de una versión y, si el proyecto es aprobado tal como viene, seguramente se presentarán recursos, que luego podrán ser aprobados y apoyados por la Suprema Corte de Justicia. Hoy tenemos esa realidad.

En síntesis, lo primero que debemos señalar es que la propia redacción apoyada en el artículo 126 de la Constitución es discutible.

Más allá del tema constitucional –es decir, de las razones de forma y de fondo por las cuales el proyecto puede ser señalado–, en lo que tiene que ver con el espíritu de la iniciativa y su aplicación real, la vemos poco efectiva.

En caso de prosperar el artículo 2.º que refiere a la materia, además de comprender a los senadores y representantes, por lo que señalé al principio yo lo ampliaría a los legisladores departamentales. Además, expresa que «no podrán abandonar el lema partidario por el que ingresaron al Poder Legislativo, ni adherirse, afiliarse o integrar un partido político distinto a aquel por el que fueron electos». Por supuesto que se debe respetar la posibilidad de los diferentes legisladores de manifestarse libremente en cuanto a su leal saber y entender sobre los distintos temas. Quiere decir que, desde el punto de vista práctico, cualquier legislador puede votar durante todo el ejercicio contrario a su fuerza política y no por eso va a perder su banca. Como recién señalaba, aquí entramos en una discusión complicada desde el punto de vista constitucional y este proyecto de ley, con su redacción actual, no tendría resultados prácticos a estos efectos porque, una vez aprobado, luego de que comience a regir en el año 2020, cualquier legislador de un partido puede decir: «Yo comulgo con los principios, pero el verdadero representante de esta fuerza política soy yo y los otros están equivocados; por eso voto en consonancia con los demás». Por lo menos en esta redacción no se establece una forma de solicitarle la banca porque la persona sigue sin adherirse, integrar o afiliarse públicamente a otro partido político. Por eso digo que, en ese sentido, lo veo complejo.

El artículo 3.º se refiere a la posibilidad de denunciar al legislador y alude al artículo 115 de la Constitución, que establece la necesidad de los dos tercios de votos para decidirlo. A mi entender, si el artículo 126 habilita la aprobación de una ley y hubiera consenso en cuanto a que eso es posible –o sea que el espíritu del constituyente habilita una ley–, la propia ley tendría que establecer las características por las que se denunciaría al legislador. Aquí se remite al artículo 115 y a otros procedimientos establecidos en la Constitución, pero son totalmente diferentes a esta circunstancia. Me parece que se toman en cuenta otros parámetros y otras realidades, por lo que eso no sería conveniente por lo menos desde este proyecto de ley.

El artículo 115 establece la obligación de aprobarlo por dos tercios de votos, pero es para otras causas. No me refiero a los votos que necesita esta ley para ser aprobada, sino que, en caso de ser sancionada, una vez denunciado el legislador, se debe contar con dos tercios de votos para quitarle su banca, tal como lo establece el artículo 115 de la Constitución. Si ello fuese así, esto operaría solamente para los partidos menores. Imaginen ustedes, en términos prácticos y a vía de ejemplo, el caso de un legislador que hoy deje el Frente Amplio para pasar al Partido Nacional: difícilmente accederá a los dos tercios de votos. Los partidos mayoritarios siempre los tendrían, no así los partidos menores. Creo que ahí se vulnera un principio básico de igualdad. Me parece que habría que corregir ese aspecto.

En gran parte, entiendo que el espíritu es compartible. Advierto que dentro de nuestro partido ha habido dos posiciones históricas: una de ellas va en la línea de que la banca pertenece al legislador; esta es la que se ha mantenido en los últimos tiempos. También es cierto que fundamentalmente desde el batllismo se ha entendido que la banca pertenece al legislador, pero en el sistema se establece de pe a pa que es de los partidos. En definitiva, en la medida en que el legislador debe comulgar con los principios del partido y con un programa de principios y de gobierno explicitado, precisamente debe responder a su fuerza política. Por lo tanto, reitero que en la historia de nuestro partido ha habido posiciones encontradas en cuanto a este tema.

En gran parte el espíritu es compartible, pero la herramienta que se está generando tiene dos características: una es que su redacción difícilmente permita que sea un elemento viable porque va a ser declarado inconstitucional –o, por lo menos, observado– y la otra es que, saliendo de la discusión jurídica, así como está no tendría efectos prácticos. Esta es nuestra posición a priori.

Quedamos a las órdenes para seguir intercambiando opiniones y, en la medida en que el proyecto de ley tenga modificaciones, podríamos seguir analizándolo. Si surge un proyecto definitivo que no sea este, podemos ponerlo a consideración de la fuerza política para adoptar una posición definitiva.

Enrique Pintado (Presidente). Voy a hacer un par de comentarios.

Conceptualmente coincidimos; da la impresión de que debemos encontrar el camino para que ese acuerdo se plasme, independientemente de que después, en la práctica, opere o no. El planteo del secretario general del Partido Colorado es cierto porque si una persona vota en contra de su partido está dentro de la democracia interna de este, que tendrá mecanismos para adoptar las medidas que entienda necesarias.

Hay un efecto práctico que podría ser cuestionable a partir de las decisiones tomadas hoy que no ocurriría, por ejemplo: el reconocimiento en esta institución de los beneficios que pueda tener alguien que fue electo por un lema, construye o se va para otro y reclama –si no hay alguna norma que diga lo contrario– toda la cuestión administrativa y hasta las posiciones políticas a las que no ingresó por los votos. Este efecto práctico no es menor porque la decisión que toma el presidente de un Cuerpo puede ser recurrida. ¿Por qué tomó esa decisión –y no la siguiente– y no reconoció lo que implican determinadas erogaciones, partidas de secretaría, en fin, otras cuestiones que no están en discusión acá?

En este asunto también hay un efecto moral, más allá de que la persona es libre de votar lo que quiere. Quiero puntualizar que la ley entraría en vigencia en la próxima elección, de modo tal que el que asume sepa lo que puede hacer.

Según el artículo 77 de la Constitución de la república, la ley votada por dos tercios establece que las personas no pueden ser convencionales por un partido y candidatos por otro. ¡Vaya que si el Partido de la Concertación en Montevideo debió tener ciertos recaudos para que no se incumpliera con la norma constitucional! Ahí hay un reconocimiento implícito de que las bancas son de los partidos.

El camino que señalaba el doctor Correa Freitas –que habría que explorar– era agregar un artículo a la ley electoral de 1925 que dijera que la banca pertenece al partido. Nadie puede presentarse a una elección si no va por un lema.

Por otra parte, decía que en lugar de recurrir al artículo 126 porque era forzarlo mucho –tal como dijeron, porque refiere principalmente a los artículos 124 y 125–, deberíamos apelar al numeral 20) del artículo 85 de la Constitución de la república que da al Cuerpo la potestad de interpretar la Constitución. Ahí sí, habría que interpretar que es conducta indigna, por lo que se aplicaría el artículo 115 más allá de los efectos prácticos y cambiarse de partido.

¿Qué queremos decir? Que una persona tiene derecho a cambiarse de partido, pero no a costa de violentar la voluntad ciudadana que la puso en la banca porque ingresó por ese partido con las ideas que tenía dentro de ese partido, pero la gente no lo votó para que fundara otro partido.

Por lo tanto, quisiera saber si, buscando un camino que salve las inconstitucionalidades, se podría encontrar una salida para sentirse cómodos.

Marcos Otheguy. En primer lugar, quiero agradecer la presencia del secretario general del Partido Colorado y del colega que lo acompaña.

La idea era tener una primera aproximación a esta iniciativa en el día de hoy  y no ponernos a debatir. Luego, la comisión –que está integrada por todos los partidos políticos– entrará en el debate sobre un texto que claramente es mejorable.

Simplemente quiero hacer un comentario. No creo mucho en una especie de normativismo mágico, es decir que el hecho de aprobar leyes automáticamente construya una nueva realidad.

Lo que sí creo que es posible –en este caso a través de una interpretación de la Constitución– es establecer que las bancas son de los lemas partidarios. Somos una democracia de partidos políticos y una democracia de calidad necesita que los partidos sean fuertes. Por lo tanto, entiendo que hay que dar una señal en el sentido de que se quiere construir otro tipo de prácticas a futuro o, por lo menos, combatir una práctica que, desde nuestro punto de vista, si se generaliza, conspira contra los partidos.

Sin duda, algunas de las cosas que planteaba el secretario general son muy pertinentes. Es cierto que alguien puede no renunciar al partido y, sin embargo, votar todo en contra, pero uno aspiraría a que hacia el futuro ese tipo de prácticas cada vez sean más escasas, ya que empieza a haber un consenso en el sistema político de que ese camino no contribuye al fortalecimiento de los partidos. Además, son cosas que no son aceptadas por el sistema político.

Comparto lo que se dice en cuanto a que todo no se soluciona con un proyecto de ley, pero se puede instalar una cultura hacia el futuro en la dirección de fortalecer los partidos políticos.

Adrián Peña. Señor presidente: hay una única chance de que no haya problemas: que se haga a través de una reforma constitucional. Eso daría certeza sobre el punto.

Nosotros, como partido, estamos abiertos a seguir escuchando y discutiendo para lograr una ley bien intencionada en ese camino. Por más que sea «declarativa» –entre comillas–, puede ser una solución, pero creo que hay que trabajar en la redacción.

Nuestro sistema liberal republicano debe tener en cuenta cosas básicas, por lo que tampoco podemos calificar como indigno que alguien cambie de partido. Sí se pueden establecer sanciones porque el sistema se basa en los partidos, pero hay que tener cuidado con la forma en que se califica. Lo que hoy está estipulado por la Constitución es algo muy distinto a lo que estamos hablando y me parece que también deberíamos tener cuidado con eso.

De todas formas, quedamos a las órdenes y abiertos a seguir discutiendo”.

Fuente Imagen: elobservador.com.uy