¿Cuás son las novedades sobre el proceso de certificaciones médicas?

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El gobierno quiere regularizar todo lo referente al proceso de las certificaciones médicas que en muchos casos ha derivado en abusos e irregularidades.

El asunto está siendo analizado en el marco de la Rendición de Cuentas y fue abordado por las autoridades de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) el pasado Jueves 5 de agosto.

Con respecto a las preguntas que hizo la diputada Bettiana Díaz (MPP-FA) sobre las certificaciones médicas, el concepto de falta grave y qué pasa con los cargos Q en los casos de incumplimiento, el subdirector de la ONSC, Ariel Sánchez dijo que “el artículo 13 que estamos proponiendo sustituye al artículo 12 de la Ley N° 16.104 y lo que hace es evitar, a nuestro juicio -eso es lo que pretendíamos-, que no quede indefinido quién era el responsable de iniciar el proceso para determinar la formación del tribunal médico y la responsabilidad en ese sentido.”

Al respecto, el primer inciso dice: «[…] deberán ser comunicadas al jerarca de la unidad ejecutora». O sea que ahí identificamos claramente quién va a ser la persona en la organización que tiene la obligación y el compromiso de iniciar el proceso y solicitar las juntas médicas. En el segundo párrafo dice: «La omisión por parte del jerarca» -que era la consulta que se hacía en forma particular- «de solicitar Junta Médica» -nos estamos refiriendo al mismo jerarca de la unidad ejecutora- «será considerada falta grave».

Sánchez agregó que no recuerda que en la legislación esté tasado “qué implica cada una de las responsabilidades que se atribuyen a los funcionarios públicos. Habitualmente se dice que pueden tener una amonestación, una amonestación por escrito, una falta leve o una falta grave, pero nunca se dijo qué implica la falta grave -hasta donde yo recuerdo- desde el punto de vista de la responsabilidad.”

No obstante eso, “me parece que esto merece una consideración más bien interpretativa. En la medida en que el jerarca de la unidad ejecutora habitualmente es un funcionario del escalafón Q, si la falta es considerada grave, será el responsable político de determinar si corresponde esa falta y tomar alguna medida específica.”

En todo caso, dijo Sánchez, “como los funcionarios del escalafón Q son de particular confianza del jerarca designante, este podría llegar a tomar la decisión de pedir o establecer la destitución del funcionario Q. Pero insisto: siempre se pone falta grave de forma tal de darle una cierta importancia, o la mayor importancia, a la omisión de no cumplir con el deber. No habría forma de establecer en qué consiste la falta grave; simplemente se puede determinar una responsabilidad bien concreta para ser evaluada por el superior del jerarca”.

La legisladora Díaz, con respecto a lo de la historia clínica electrónica, “comparto que se establece el tema de la protección de datos, pero entiendo también que aquí se habilita la solicitud de auditorías. Entonces, es como dar más potestades al BPS, cuando se plantea la auditoría de la historia electrónica. Digo esto porque una cosa es acceder a una certificación médica, que obviamente va a estar incluida en la historia clínica electrónica, porque tiene una causa, y otra acceder, por ejemplo, a otras certificaciones médicas, saber por qué motivos fueron, etcétera”. A su entender, “me parece que no se está valorando eso y me gustaría saber si lo tienen en el horizonte cuando yo pregunto por la vulneración de datos personales lo que, obviamente, está establecido en el artículo, pero el BPS puede pedir, por ejemplo, información de la auditoría y, quizás, de ahí salga información de otras certificaciones”.

El director de la ONSC, Conrado Ramos, puntualizó que “uno de los objetos de las auditorías es si esto se está cumpliendo. Estamos trabajando -y COFE lo sabe muy bien porque participa de la Comisión que presidimos- en la necesidad de unificar los criterios para certificar. Hoy en día los tiempos estimados de recuperación dependen del criterio de cada médico certificador, y eso complejiza mucho hacer cualquier tipo de auditorías sobre las certificaciones”.

Por ello, “justamente, el Parlamento encomendó a esta Comisión resolver los temas de potenciales abusos en ese tipo de cosas. Por otro lado, para poder reglamentar licencias remuneradas o no remuneradas, o establecer cierta categorización clara del tipo de enfermedad, hay una reglamentación internacional que se llamada CIE-10, que se utiliza habitualmente, pero no por todos los médicos”.

Ramos señaló que “por eso estamos haciendo todos los esfuerzos para que en la capacitación de los certificadores se recomiende su utilización. Es parte del articulado que se está construyendo para el proyecto de ley. Entonces, en parte las auditorías tienen que ver con que se respeten determinados formatos de estandarización en las certificaciones que se van a recomendar en la ley”.

Agregó que “sobre más alcances de las auditorías, reconozco mis limitaciones al respecto. Creo que el BPS podrá responder mejor que yo sobre el alcance de las auditorías, pero en cuanto a nuestra intervención desde la Comisión de Certificaciones de Servicio Civil, este es el alcance que creo que pueden tener las auditorías”.

Fuente Imagen: udelar.edu.uy